Dos hechos, entre otros, oscurecen aún más la legalidad de la elección del candidato de extrema derecha: la falsificación de más de tres millones de firmas, según la Registraduría, para validar su candidatura y el juramento de lealtad exclusiva a una potencia extranjera.
Por: Igor Arnoldo Striedinger Muñoz
Máster en Derecho de Familia.
Licenciado en Psicología. Universidad de París VIII
Columnista político y académico.
Nunca, ni en los días sombríos de los falsos positivos de Uribe, ni en la época de la pandemia y el estallido social en el gobierno de Duque, una parte tan grande de la población colombiana había sentido tanto temor por la vida, la paz y el porvenir económico. Tal vez el miedo solo sea comparable con los genocidios del gaitanismo o de la Unión Patriótica, pero en aquellos entonces el terror no era a nivel nacional. Hoy, el miedo es generalizado y su origen es una inadmisibilidad democrática.
Es inaceptable que, en una votación tan reñida, la Registraduría —garante constitucional de los comicios— se haya negado a contar físicamente los votos en el exterior e incluso la totalidad de las mesas impugnadas en Colombia. Si a Nicolás Maduro muchos países no le reconocieron su presidencia, pese a este haber denunciado que el sistema informático y de transmisión de datos del CNE sufrió un ataque cibernético a gran escala desde el exterior, lo cual evitó el escrutinio mesa por mesa, ¿por qué se le debe reconocer a Abelardo de la Espriella si no se ha procedido a un escrutinio exhaustivo de los votos?
Dos hechos, entre otros, oscurecen aún más la legalidad de la elección del candidato de extrema derecha: la falsificación de más de tres millones de firmas, según la Registraduría, para validar su candidatura y el juramento de lealtad exclusiva a una potencia extranjera.
La fuente principal de este desasosiego generalizado proviene del probable —aunque, dudosamente legítimo— presidente electo, quien amenazó públicamente con destripar a la izquierda. Y no es una metáfora. La carnicería más reciente ocurrió con la Unión Patriótica, y no ha sido la única.
Una pregunta surge ineludible, inaplazable, lancinante: si esos son los planes de la extrema derecha, ¿serán capaces de hacerlo realmente? Para explorar esta trágica eventualidad, necesitamos comparar situaciones políticas con voluntad de exterminio en otras épocas.
Descartaría la andanada mortífera de las huestes conservadoras laureanistas, porque tuvo una limitación geográfica, pues se situó en el interior del país y reservó gran parte de la costa Caribe. La guerra entre paramilitares y guerrillas tenía la justificación de una confrontación militar, aunque irregular.
El aniquilamiento de la Unión Patriótica es lo que más se asemeja a la situación actual, porque la UP y sus simpatizantes eran civiles —aunque hubiera desmovilizados entre ellos—. Pero, además, la UP obtuvo 330.000 votos en 1986, apenas un 4,6 % de la votación total, y el sistema la consideró una amenaza.
Según la JEP, entre 1984 y 2016, 5.733 de sus militantes fueron asesinados, incluyendo dos candidatos presidenciales, cinco congresistas, once diputados, ciento nueve concejales y ocho alcaldes, en lo que la CIDH calificó como “genocidio político”.
Hoy, el progresismo no tiene 330.000 votos, sino más de 12.700.000. Y el nuevo presidente ganó por apenas 250.000 sufragios, incluyendo, según denuncias públicas, compra de votos, fraude en los tarjetones y la complicidad de la Registraduría.
Lo que quiero decir es que el progresismo no solo fue mayoritario en las votaciones, sino que tiene una gran parte de ciudadanos activos. No obstante, debemos estar atentos y protegernos.
Ha habido diversos genocidios en el mundo. Algunos por motivos religiosos, otros por razones étnicas y la mayoría con un trasfondo de interés económico. En la comparación que nos ocupa, traemos la excusa comunista en el modelo indonesio, cuando el anticomunismo fue la justificación para el exterminio.
En 1965, el general Suharto orquestó una de las matanzas más brutales del siglo XX. Bajo el pretexto de un fallido golpe de Estado atribuido al Partido Comunista de Indonesia, el ejército y milicias civiles asesinaron a entre 500.000 y un millón de personas en cuestión de meses.
Documentos desclasificados y estudios históricos demuestran que Suharto no fue solo un espectador, ya que coordinó directamente la “operación de aniquilación”, estableciendo cadenas de mando y activando a grupos musulmanes para que participaran en las ejecuciones masivas. Predicadores locales declararon que matar comunistas era una “obligación religiosa”.
El gobierno de Estados Unidos, con conocimiento pleno de la degollina, apoyó a Suharto con financiamiento, inteligencia y armas, porque veía en la masacre una forma de contener al comunismo en el Sudeste Asiático. Suharto ascendió al poder sobre medio millón de cadáveres y gobernó durante tres décadas.
La lección para Colombia es clara: la retórica anticomunista no es inocente. Cuando el poder decide que la izquierda es un “enemigo a exterminar”, la historia demuestra que puede escalar a dimensiones genocidas.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué impide que las amenazas verbales de “destripar” a la oposición se conviertan en una política de Estado, como ocurrió en Indonesia y como ya acaeció aquí con la Unión Patriótica, con los liberales y con las comunidades desarmadas acusadas de ayudar a las guerrillas recientemente?
Las comparaciones generales podrían ser que, en las tres matanzas mencionadas, había un déficit comunicativo entre las víctimas. En los años laureanistas, las comunicaciones eran casi inexistentes; en Indonesia no existían internet ni WhatsApp; con la Unión Patriótica, la información circulaba mejor, pero la militancia era minoritaria y la opinión pública era relativamente indiferente a su suerte.
Es un deber de los responsables políticos del progresismo, y del Estado, proteger a todos sus ciudadanos. El profesor Jorge Aguilera (1), en varios videos, está ilustrando la realidad colombiana y la potencialidad del peligro fascista.
Iván Cepeda aceptó, tempranamente, el resultado de las elecciones y luego, con actualizaciones de informaciones, se declaró en desobediencia cívica, posición atacada con diferente rasero por los mismos que apoyaron a Uribe cuando llamaba al desobedecimiento civil frente al Acuerdo de Paz con las Farc.
El presidente Petro aceptó igualmente el resultado con los escrutinios incompletos, en aras de evitar un derramamiento de sangre, un gesto loable y de talante altamente pacífico. Sin embargo, frente a las públicas amenazas, el proyecto progresista por el que votaron más de doce millones setecientos mil colombianos —representados por Iván Cepeda y Aída Quilcué— pertenece tanto a ellos como a sus electores. Todos estamos en peligro.
La desobediencia civil es un paso positivo; la acción de nulidad que promueve el doctor Luis Guillermo Pérez Casas es igualmente importante. Preparar las elecciones regionales y locales también. Pero, ante el eventual peligro que se cierne sobre millones de colombianos, considero que no son suficientes.
Es momento de reflexionar, proponer, discutir y hacer. Esta es una proposición para debatir.
- Crear una red de alerta temprana y de monitoreo de cualquier acto de agresión y violencia individual o colectiva contra cualquier ciudadano por pensar diferente —o varias redes, para que sean resilientes en caso de que silencien algunas.
- Crear una coordinadora de todos los partidos, organizaciones, movimientos y comunidades organizadas contra la extrema derecha, para que pueda responder unitariamente a las alertas del punto anterior y coordinar acciones frente a lo que haya que hacer, no solo en lo que concierne a los puntos que mencionó Iván Cepeda, sino a temas inamovibles como el fracking, el desmonte de la JEP, la matrícula universitaria gratuita y otros que la mayoría de los ciudadanos considere incondicionales.
- Según la dinámica de la movilización coordinada, fijar que, si atacan la movilización pacífica, el objetivo será la convocatoria de una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones. Con eso, posiblemente el fascismo no arremeta sangrientamente contra el pueblo; y si lo hace, el pueblo progresista decidirá unitariamente.
Si están de acuerdo, difundan, debatan y enriquezcan esta proposición a la resistencia y acojamos la consigna que animó el mayo francés de 1968: «La imaginación al poder».
