Todo indica que el empalme ha sido convertido en una prolongación de la campaña electoral. En lugar de concentrarse en estudiar la información que recibirán y preparar las decisiones que deberán adoptar, algunos parecen más interesados en instalar una narrativa de tierra arrasada para responsabilizar anticipadamente al gobierno saliente de cualquier dificultad futura.
Por: Joaquín Baena Arévalo
Analista político y académico
Todo empalme gubernamental tiene una finalidad precisa: garantizar la continuidad del Estado. Es un procedimiento técnico mediante el cual la administración saliente entrega a la entrante información sobre la situación de los ministerios, las finanzas públicas, los programas, los contratos, los proyectos en ejecución y los asuntos pendientes. El empalme no es un juicio, no es una investigación penal y mucho menos un escenario para dictar sentencias políticas. Es, sencillamente, la entrega organizada de información para que un nuevo gobierno pueda comenzar a gobernar.
Precisamente por eso resulta desconcertante que, antes incluso de culminar ese proceso, ya se hable de un país devastado, de una economía en ruinas y hasta de un supuesto “empalme anticorrupción”, como si esa figura existiera en nuestro ordenamiento institucional. No existe. Si una administración, una vez recibe oficialmente la información, encuentra presuntas irregularidades, tiene el deber de ponerlas en conocimiento de los organismos competentes. Pero esa es una etapa posterior. El empalme, por definición, es informativo, no condenatorio.
A ello se suma una contradicción difícil de pasar por alto. Algunos voceros del nuevo gobierno han afirmado que llevaban seis meses preparando el empalme. Esa afirmación suscita preguntas legítimas: ¿qué significa exactamente preparar un empalme antes de asumir el poder? En una democracia, el empalme adquiere sentido una vez existe un gobierno elegido y comienza formalmente la transición institucional, ¿o ya sabían que se iban a robar las elecciones ,
Lo verdaderamente preocupante es que el veredicto parece haberse dictado antes de conocer las pruebas. Antes de recibir oficialmente la información de cada ministerio y de cada entidad, ya se habla de desastre, de crisis y de corrupción. Es decir, primero se construye el relato y después, si acaso, se revisan los hechos. Ese orden no corresponde al rigor que exige la administración pública.
Todo indica que el empalme ha sido convertido en una prolongación de la campaña electoral. En lugar de concentrarse en estudiar la información que recibirán y preparar las decisiones que deberán adoptar, algunos parecen más interesados en instalar una narrativa de tierra arrasada para responsabilizar anticipadamente al gobierno saliente de cualquier dificultad futura. Más que un ejercicio administrativo, parece una estrategia de comunicación política.
Sin embargo, los datos obligan a introducir matices. Mientras desde algunos sectores se intenta proyectar la imagen de un país en ruinas, The Economist ubicó a Colombia entre las cuatro economías con mejor desempeño en su evaluación comparativa correspondiente a 2025. La publicación destacó el comportamiento de variables como el crecimiento económico, el empleo y el mercado bursátil. Ese reconocimiento internacional no significa que Colombia carezca de problemas, pero sí demuestra que resulta exagerado presentar al país como una economía devastada antes incluso de iniciar formalmente el empalme.
A ello se suman indicadores que forman parte del debate público: niveles de desempleo entre los más bajos de las últimas décadas, incrementos históricos del salario mínimo y políticas que ampliaron beneficios para campesinos, estudiantes del SENA, médicos en práctica y miembros de la Fuerza Pública. Sobre esos resultados pueden existir posiciones distintas, pero lo que no resulta serio es desconocerlos para construir un relato exclusivamente catastrófico.
Gobernar exige serenidad, estudio y responsabilidad. Un gobierno entrante tiene el derecho y el deber de evaluar críticamente la información que recibe, corregir lo que considere equivocado y presentar un nuevo rumbo. Lo que no fortalece la institucionalidad es convertir un procedimiento técnico en una plataforma permanente de descalificaciones antes de conocer oficialmente los hechos.
Las sociedades democráticas necesitan gobiernos que administren con serenidad, no gobiernos que sigan gobernando desde el micrófono de la campaña. Colombia espera decisiones, no escenificaciones; espera gestión, no propaganda; espera responsabilidad, no estridencia.
Porque quien necesita fabricar un país en ruinas antes de gobernarlo, tal vez está más preocupado por justificar el mañana que por asumir la responsabilidad del presente. El verdadero empalme comienza cuando termina el ruido y empieza el gobierno.
Como saben que acabarán con todos los programas sociales ya se están preparado para responsabilizar al gobierno actual de toda la hecatombe que viene
