El llamamiento a juicio busca esclarecer si se trató de un error judicial o de una actuación incompatible con los principios de imparcialidad
Redacción judicial
Rafael Caballero B
El llamamiento a juicio de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que intervinieron en decisiones favorables al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha encendido las alarmas en el país, no solo por el alcance jurídico del caso, sino por las serias dudas que han surgido sobre la imparcialidad del tribunal y el deber legal que tenían sus integrantes de declararse impedidos.
El núcleo de la investigación apunta a establecer si los magistrados debieron apartarse del proceso para evitar cualquier cuestionamiento sobre su objetividad, el impedimento no es una formalidad opcional, es una obligación jurídica cuando existen circunstancias que puedan comprometer la neutralidad del juez, su omisión, especialmente en un caso de alto impacto político, abre la puerta a sospechas legítimas sobre la transparencia del fallo.
Juristas consultados señalan que el problema no es solo el contenido de la decisión, sino la pulcritud del proceso que la produjo, cuando un tribunal emite un fallo que beneficia a una figura de enorme poder político, el estándar de imparcialidad debe ser absoluto, precisamente para evitar que la justicia sea percibida como selectiva o influenciada.
El llamamiento a juicio busca esclarecer si se trató de un error judicial o de una actuación incompatible con los principios de imparcialidad, una diferencia crucial, porque si se demuestra que los magistrados debieron declararse impedidos y no lo hicieron, el fallo quedaría bajo una sombra de sospecha que compromete la credibilidad institucional.
Este proceso no es una condena anticipada, pero sí un mensaje claro de que incluso quienes administran justicia deben responder por sus actos, en un país marcado por la desconfianza hacia sus instituciones, investigar a los jueces no debilita la justicia, la fortalece, especialmente cuando existen indicios que justifican el escrutinio público.
