La prepotencia del registrador

Cuando los ciudadanos preguntan, no están atacando la institucionalidad: están ejerciendo su derecho democrático. Ignorar esas preguntas o responder con arrogancia solo profundiza la distancia entre el Estado y la sociedad.

El debate sobre la transparencia electoral en Colombia ha vuelto al centro de la discusión pública tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de auditorías, vigilancia y garantías plenas en los procesos electorales. Su postura, lejos de ser un gesto de confrontación institucional, responde a una preocupación legítima que comparten millones de ciudadanos: la defensa del voto como fundamento de la democracia.

Frente a estas exigencias, el registrador nacional Hernán Penagos ha respondido con un tono que muchos perciben como distante y soberbio, insistiendo en la autonomía de la entidad que dirige. Sin embargo, la autonomía institucional no puede interpretarse como una barrera frente al control ciudadano ni como un privilegio que excluya la rendición de cuentas. En una democracia, la independencia no es sinónimo de opacidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil cumple una función esencial: garantizar la transparencia, la legitimidad y la confianza en los procesos electorales. Esa responsabilidad no se limita al cumplimiento técnico de procedimientos, sino que incluye el deber ético y político de generar confianza pública. Cuando la ciudadanía percibe distancia, hermetismo o indiferencia, esa confianza se debilita.

Colombia ha vivido décadas marcadas por la desconfianza institucional, producto de prácticas que favorecieron a élites políticas y económicas en detrimento del interés general. Por eso, las exigencias de auditoría y vigilancia no deben interpretarse como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la legitimidad del sistema electoral. La transparencia no debilita las instituciones; las fortalece.

El problema no radica en que el poder político o la ciudadanía exijan claridad. El verdadero riesgo surge cuando las instituciones reaccionan con prepotencia o desdén frente a esas demandas. La democracia no pertenece a los funcionarios ni a las entidades; pertenece al pueblo, que es su verdadero soberano.

Cuando los ciudadanos preguntan, no están atacando la institucionalidad: están ejerciendo su derecho democrático. Ignorar esas preguntas o responder con arrogancia solo profundiza la distancia entre el Estado y la sociedad. La historia demuestra que las instituciones que se niegan a escuchar terminan perdiendo su legitimidad.

En este contexto, el llamado no es a la confrontación, sino a la responsabilidad. La transparencia electoral debe ser un compromiso inquebrantable. El registrador no está por encima del escrutinio público, así como ninguna autoridad lo está en una democracia.

La verdadera fortaleza institucional no se demuestra con declaraciones de autoridad, sino con actos de transparencia. Porque en última instancia, el poder no reside en los cargos, sino en la confianza del pueblo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *