Guerrilla e izquierda: el fraude semántico del poder

Cepeda no ha estado vinculado a estructuras armadas ni a acciones criminales. Su trayectoria pública ha estado relacionada con la defensa de los derechos humanos, la denuncia del paramilitarismo y el acompañamiento a procesos de paz. Y eso es profundamente diferente. Participar en escenarios de negociación o respaldar salidas políticas al conflicto no convierte a nadie en guerrillero.

“Quien controla el lenguaje, controla también la percepción de la realidad”. Esa idea, trabajada desde distintos enfoques por pensadores como Michel Foucault, Antonio Gramsci y Noam Chomsky, permite entender uno de los fenómenos políticos más perversos que ha vivido Colombia: la construcción artificial de una identidad entre izquierda y guerrilla.

Hay que decirlo con absoluta claridad: las guerrillas cometen crímenes atroces. Secuestros, extorsiones, asesinatos, desplazamientos y múltiples violaciones a los derechos humanos. El ELN, las FARC y también los grupos paramilitares han sembrado dolor y muerte en el país. Son grupos armados que utilizaron la violencia como método político y económico. Y ningún sector democrático serio puede justificar esas prácticas.

Sin embargo, otra cosa muy distinta es utilizar esos crímenes para señalar a cualquier dirigente progresista como heredero político de la guerrilla. En Colombia, sectores del poder han intentado instalar la idea de que figuras como Iván Cepeda representan una continuidad de las FARC, en una estrategia orientada más a destruir reputaciones que a debatir ideas.

Cepeda no ha estado vinculado a estructuras armadas ni a acciones criminales. Su trayectoria pública ha estado relacionada con la defensa de los derechos humanos, la denuncia del paramilitarismo y el acompañamiento a procesos de paz. Y eso es profundamente diferente. Participar en escenarios de negociación o respaldar salidas políticas al conflicto no convierte a nadie en guerrillero.

De hecho, los procesos de paz impulsados desde sectores democráticos permitieron avances históricos que durante décadas no logró la lógica exclusivamente militar. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del acuerdo con las FARC, ha conseguido que antiguos comandantes reconozcan públicamente secuestros, asesinatos y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Ese reconocimiento de responsabilidades no fue producto de los discursos de odio ni de la estigmatización permanente. Fue resultado de una apuesta política por la verdad, la justicia transicional y la construcción de paz. Han sido las luchas democráticas y las propuestas de paz total las que abrieron caminos para que el país conociera parte de la verdad que durante años permaneció oculta.

Pero una cosa es condenar a las guerrillas y otra muy distinta es convertir toda idea de izquierda, toda propuesta progresista o toda lucha social en sinónimo de terrorismo. Ahí es donde aparece la gran operación semiótica del poder.

Uno de los mecanismos más perversos del poder ha sido convertir toda protesta social en sospechosa de guerrilla. Si los trabajadores reclaman salarios dignos, son llamados agitadores de izquierda. Si los estudiantes protestan por educación pública, son señalados de subversivos. Si los campesinos exigen tierra o mejores condiciones de vida, rápidamente aparecen voces que los vinculan con la insurgencia. Entonces se completa la operación semántica: como durante años se ha intentado asociar izquierda con guerrilla, toda lucha social termina presentada como lucha de guerrilleros. El objetivo es claro: desacreditar las demandas sociales y sembrar miedo frente a cualquier intento de transformación.

Antonio Gramsci explicaba que las clases dominantes no solo gobiernan con el poder económico o militar, sino también mediante la hegemonía cultural. Es decir, logran que amplios sectores sociales asuman como naturales ideas que en realidad favorecen a quienes detentan el poder. En Colombia, una de esas ideas ha sido hacer creer que toda exigencia de justicia social es sospechosa de subversión.

Entonces ocurre algo profundamente contradictorio: las luchas por mejores salarios, por acceso digno a la salud, por educación pública, por tierra para los campesinos, por derechos laborales o por una distribución menos desigual de la riqueza terminan asociadas al vandalismo o al terrorismo. La protesta deja de verse como un derecho democrático y pasa a presentarse como una amenaza contra el orden.

La operación discursiva funciona de manera sencilla pero efectiva. Primero se asocia la izquierda con la guerrilla. Luego la guerrilla con criminalidad. Finalmente toda lucha social es absorbida dentro de esa narrativa. El resultado es devastador: el ciudadano humilde termina viendo como enemigo a quien precisamente reclama por sus mismos derechos. Es la tragedia de convertir al pobre en enemigo del pobre.

Jean Baudrillard advertía que en la sociedad contemporánea muchas veces el espectáculo sustituye a la realidad. La política deja de debatirse en términos racionales y se convierte en una batalla de imágenes, emociones y símbolos. En ese escenario, ya no importa analizar propuestas económicas, reformas sociales o modelos de desarrollo. Basta con etiquetar al contradictor como “guerrillero”, “castrochavista” o “enemigo del país” para anular cualquier debate serio.

Por eso resulta urgente desmontar esa colonización mental. Una democracia sana necesita ciudadanos capaces de distinguir entre lucha social y violencia armada, entre oposición política y criminalidad, entre pensamiento crítico y terrorismo. Confundir deliberadamente esos conceptos no fortalece la democracia: la degrada.

Porque cuando un país pierde la capacidad de debatir ideas y todo termina reducido a etiquetas de odio, el verdadero triunfo no es de la seguridad ni del orden. Es del miedo.

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