La principal lección de esta elección no es que el progresismo deba renunciar a sus principios. La verdadera enseñanza es que debe fortalecer algunos mensajes que la ciudadanía considera prioritarios. Entre ellos destaca la seguridad urbana, convertida hoy en una de las principales preocupaciones de millones de colombianos.
Por: Joaquín Baena Arévalo
Analista político y académico
Los resultados de la primera vuelta presidencial dejan una enseñanza que el progresismo colombiano debe analizar con serenidad. Iván Cepeda logró consolidar una importante base electoral y mantener el respaldo de amplios sectores populares, pero también quedó demostrado que para construir una mayoría nacional será necesario ampliar la conversación política hacia sectores de centro que comparten muchas de las aspiraciones sociales del proyecto progresista, pero que mantienen preocupaciones legítimas sobre seguridad, autoridad y gobernabilidad.
La principal lección de esta elección no es que el progresismo deba renunciar a sus principios. La verdadera enseñanza es que debe fortalecer algunos mensajes que la ciudadanía considera prioritarios. Entre ellos destaca la seguridad urbana, convertida hoy en una de las principales preocupaciones de millones de colombianos. El ciudadano que es víctima de un atraco, el comerciante que paga extorsión, el transportador amenazado o la familia que vive con miedo en su barrio no está pensando en categorías ideológicas. Está reclamando protección efectiva del Estado.
La seguridad no puede seguir siendo un monopolio discursivo de la derecha. La seguridad es también un derecho social. Sin tranquilidad en las calles, sin control de la criminalidad y sin protección de los ciudadanos más vulnerables, cualquier proyecto de transformación social pierde legitimidad ante una parte importante de la población.
Por esa razón resulta necesario fortalecer el discurso y las acciones frente a la delincuencia urbana, las extorsiones, las economías ilegales y las estructuras criminales que afectan la vida cotidiana de los colombianos. La defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la inclusión social no son incompatibles con una política firme de autoridad democrática.
La misma reflexión debe aplicarse a la Paz Total. El objetivo de construir una salida negociada a los conflictos armados sigue siendo correcto y necesario. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que los procesos de diálogo requieren mayores niveles de exigencia, verificación y cumplimiento. La ciudadanía debe percibir que cada avance en la negociación está acompañado por resultados concretos en materia de reducción de la violencia y protección de las comunidades.
Los diálogos deben continuar, pero bajo una fórmula clara: diálogo con autoridad, negociación con cumplimiento y paz con presencia efectiva del Estado. Ninguna organización armada puede interpretar los espacios de negociación como una oportunidad para fortalecer su control territorial o expandir actividades ilegales. La paz debe estar acompañada de autoridad institucional y de consecuencias para quienes incumplan los acuerdos.
La otra tarea pendiente es política. Durante la primera vuelta se evidenciaron dificultades de comunicación entre la campaña de Iván Cepeda y diversos sectores regionales, movimientos ciudadanos y casas políticas que no pertenecen a la extrema derecha y que podrían ser interlocutores válidos para una coalición democrática más amplia.
En distintos territorios se produjeron distanciamientos, malentendidos y «teléfonos rotos» que limitaron la construcción de alianzas. Muchas de esas estructuras políticas no son adversarias naturales del progresismo. Por el contrario, comparten coincidencias en temas sociales, económicos e institucionales. La segunda vuelta exige recuperar esos puentes y reconstruir canales de confianza.
Las transformaciones profundas requieren mayorías amplias. Y las mayorías no se construyen únicamente con los convencidos. También se construyen dialogando con quienes comparten parte del camino, aunque no recorran exactamente la misma ruta.
El reto de Cepeda no es desplazarse hacia la derecha ni abandonar las banderas históricas del progresismo. El reto consiste en demostrar que la justicia social puede convivir con la autoridad, que la inclusión puede ir de la mano con la seguridad ciudadana y que la paz puede construirse sobre la base del cumplimiento y el respeto a la institucionalidad.
Si el progresismo logra combinar seguridad urbana, diálogos con autoridad, cumplimiento efectivo de los compromisos y una política inteligente de alianzas, tendrá mayores posibilidades de construir la mayoría nacional que hoy necesita para alcanzar la Presidencia de la República.
