Verano trata de distraer a los estamentos universitarios

Esa postura no es inocente ni técnica: es una estrategia tramposa, una artimaña deshonesta del gobernador y una ofensa directa a los estamentos universitarios.

En una reciente entrevista, el gobernador Eduardo Verano volvió a hacer lo que mejor sabe: vestirse de jabón para resbalar de toda responsabilidad y alinearse obedientemente con los intereses de sus patrones políticos, los Char. Con absoluta soltura y sin sonrojarse, declaró que Leyton Barrios seguirá en la rectoría “hasta que haya fallos judiciales”.

Traducido del idioma del poder al idioma de la universidad, lo que quiso decir es algo mucho más grave: que pretende conducir toda esta irregularidad por la vía judicial, para dilatarla durante años y garantizar la permanencia de Leyton por el tiempo completo de su mandato. Cuatro años de interinidad, crisis y burla institucional.

Esta postura no es inocente ni técnica: es una estrategia tramposa, una artimaña deshonesta del gobernador y una ofensa directa a los estamentos universitarios. Es burlarse de estudiantes, profesores y trabajadores. Es suponer que la comunidad académica es un rebaño fácil de distraer mientras él maniobra tras bambalinas para sostener un nombramiento que nació viciado y que no resiste el más elemental examen de legalidad.

El llamado de los estamentos universitarios debe ser firme y contundente. Desde este artículo advertimos lo evidente: Eduardo Verano está tratando de engañar a la comunidad universitaria, desviando la atención para que los estudiantes bajen la guardia, para que los profesores se cansen y para que la ciudadanía crea que el problema está “en manos de la justicia” mientras él prolonga lo insostenible.

La exigencia debe ser clara: la revocatoria inmediata del Consejo Superior, independiente de los procesos penales, disciplinarios o fiscales que deberán sancionar, en su momento, a todos los actores de esta grotesca comparsa administrativa. Nadie puede esconderse detrás de un juez penal para lavar un acto administrativo viciado. Eso sería permitir que la universidad se convierta en un botín político y no en un centro de saber.

Y lo advertimos con absoluta claridad:
cualquier tragedia, enfrentamiento, lesión o ruptura institucional que ocurra en la Universidad del Atlántico tendrá un responsable directo: el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Porque fue él quien decidió no corregir el acto ilegal.
Fue él quien alimentó la provocación.
Fue él quien ignoró las alertas de los estamentos.
Fue él quien optó por el cálculo político y no por la legalidad.
Si algo ocurre —y ojalá no ocurra— la historia lo señalará a él, no a la comunidad estudiantil.

No se equivoque, señor Verano.
No ofenda la inteligencia de los estamentos.
No crea que va a encauzar el problema por otro lado mientras la comunidad universitaria está atenta, organizada y movilizada.
El derecho administrativo no espera a que la justicia penal despierte; los actos viciados se corrigen ahora, no cuando conviene a los intereses del gobernador.

Las facultades del Consejo Superior para revocar el nombramiento: sustentación jurídica

Verano insiste, como si fuera un dogma, que “sin fallo judicial” no se puede tocar el nombramiento de Leyton. Ese argumento es falso, improcedente y contrario a toda la doctrina del derecho administrativo colombiano.
1. El nombramiento de un rector es un acto administrativo, no un fallo judicial. Sus vicios deben ser corregidos por la administración misma, sin esperar procesos penales que pueden tardar cinco, ocho o diez años.
2. El artículo 93 del CPACA es contundente: las autoridades pueden y deben revocar sus propios actos cuando estos tienen vicios de legalidad, especialmente cuando se basan en documentos falsos o información irregular.
3. El Consejo de Estado, en jurisprudencia reiterada, ha sostenido que la falsedad documental es un vicio insubsanable que invalida el acto desde su origen y habilita su revocatoria directa inmediata, incluso sin intervención judicial.
4. El caso de la Universidad del Atlántico es aún más contundente:

  • La Universidad de Salamanca ha confirmado públicamente que el certificado presentado por Leyton Barrios es falso.
  • Presentó una denuncia penal por esa falsedad.
  • La documentación presentada ante el Consejo Superior está, por tanto, viciada de origen.
  • Un acto administrativo basado en un documento falso no puede subsistir y debe corregirse mediante revocatoria.
    1. Los procesos penales investigan delitos; la administración evalúa legalidad administrativa. Son planos distintos. Un documento puede ser inválido aunque no haya condena penal, y basta esa invalidez para que el CSU deba actuar.

Por ello, el Consejo Superior no solo tiene la facultad, sino la obligación institucional y jurídica de revocar el nombramiento de Leyton Barrios.
Esperar un fallo judicial, como propone Verano, sería una forma de omisión administrativa, una maniobra para prolongar la ilegalidad y un acto de desprecio hacia la comunidad universitaria.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *