Un rector sin derechos adquiridos: el caso Leyton Barrios explicado sin maquillaje

Frente al mito de que “solo un juez” puede sacarlo, la ley es contundente: un acto administrativo viciado por información falsa se revoca por la misma autoridad que lo expidió.

En Barranquilla, en el Caribe y en buena parte del país, se ha intentado instalar una narrativa falsa, casi cómica, según la cual el “rector” Leyton Barrios tendría un “derecho adquirido” sobre la rectoría de la Universidad del Atlántico. Es el nuevo libreto jurídico de quienes necesitan ganar tiempo, confundir a la opinión pública y sostener un nombramiento que llegó con más sombras que luces. Aquí, en www.laradioahora.com.co abrimos el Parador Gama para explicar lo que otros ocultan detrás de tecnicismos: la designación de un rector no es un derecho adquirido, es un acto condición. Y eso lo cambia todo.

Varios juristas consultados —entre ellos el Dr. Joefrey Troncoso, uno de los tratadistas más respetados en temas de función pública y régimen universitario— coinciden en una premisa sencilla: el nombramiento de un rector no ingresa al patrimonio jurídico del designado. No es una pensión reconocida, no es un salario ya trabajado, no es un contrato ejecutado. Es un acto administrativo que habilita temporalmente a una persona para ejercer un cargo mientras cumpla los requisitos de ley; es decir, mientras las certificaciones, experiencia, títulos y trayectoria presentados sean reales, verificables y auténticos. Si uno solo de esos soportes se cae, el acto también se cae. Así de simple, así de claro, así de incómodo para quienes intentan blindarlo.

Por el contrario, los derechos adquiridos —la pensión ya reconocida, el salario devengado, el contrato ejecutado— sí ingresan al patrimonio y sí están blindados por la Constitución. Pretender equiparar un nombramiento rectoral a una pensión o a una acreencia laboral es, además de jurídicamente absurdo, una burla a la inteligencia colectiva.

En el caso de Leyton Barrios, el acto condición está sostenido hoy por hilos frágiles que no resisten la luz pública. La Corporación Universitaria de Salamanca presentó denuncia penal por falsedad documental porque la certificación atribuida a ella no fue expedida por sus funcionarios. La Corporación Universitaria Americana declaró que Leyton jamás ha sido docente suyo: no figura en planta, no dicta clases y no acredita experiencia. Y apareció un certificado de “profesor ad honorem”, categoría inexistente en esa institución. A esto se suma el contrato de 19.500 millones que firmó el propio Leyton desde la Secretaría de Educación con la misma universidad que luego “certifica” su experiencia: un conflicto de intereses de manual. El Ministerio de Educación, mediante el radicado 2025-EE-350542, advierte irregularidades graves y abre actuación administrativa. La Fiscalía ya estudia posibles falsedades en documento público. Con este panorama, la pregunta no es por qué lo pueden remover, sino cómo ha logrado permanecer.

Frente al mito de que “solo un juez” puede sacarlo, la ley es contundente: un acto administrativo viciado por información falsa se revoca por la misma autoridad que lo expidió. Y esa autoridad es el Consejo Superior Universitario. No se requiere sentencia, ni tutela, ni un proceso judicial previo: se requiere legalidad y carácter institucional.

En este Parador Gama donde hacemos escala para pensar con rigor, hay algo que no admite maquillaje: la rectoría de una universidad pública no es un derecho adquirido. Es un cargo condicionado por la verdad, y cuando la verdad falla, el cargo no se sostiene. Lo demás es narrativa para sostener lo indefendible. Y en La Radio Ahora, eso se dice sin rodeos.

Un comentario sobre «Un rector sin derechos adquiridos: el caso Leyton Barrios explicado sin maquillaje»

  1. el análisis es acertado, el consejo de estado ya lo dijo en sentencias previas y advierte que la derogatoria del nombramiento de leyton como rector de la uniatlantico, lo puede hacer el consejo en un acto administrativo, sin requerir del consentimiento de leyton.

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