Cuando un dirigente afirma que actúa por mandato de Dios, el debate democrático se distorsiona. Ya no se confrontan argumentos, programas o resultados de gestión. Se introduce una autoridad absoluta frente a la cual cualquier discrepancia puede presentarse como una oposición no solo al gobernante, sino al propio Dios.
Por: Joaquín Baena Arévalo
Analista político y académico
La libertad religiosa es uno de los pilares de una sociedad democrática. Toda persona tiene derecho a creer, a no creer o a vivir su fe como mejor lo considere. Lo que una democracia no puede aceptar es que la religión sea utilizada como un mecanismo para blindar el poder político frente a la crítica ciudadana.
En los últimos años, varios dirigentes y figuras públicas colombianas han recurrido a un mismo recurso discursivo: presentar sus decisiones o su papel en la vida pública como parte de un designio divino. El abogado Abelardo de la Espriella ha manifestado públicamente que es un “ungido de Dios”. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, relató que antes de aceptar el cargo pasó varios días orando, consultándolo con Dios y con su esposa, hasta concluir que Dios lo llamaba a asumir esa responsabilidad. Carlos Alonso Lucio, por su parte, también ha explicado su participación en la vida pública como el cumplimiento de una misión inspirada por su fe.
Cada uno es libre de interpretar su vida desde sus convicciones religiosas. Ese no es el problema. El problema comienza cuando esas convicciones dejan de pertenecer al ámbito de la conciencia y pasan a convertirse en un argumento de autoridad para la política. Allí la fe deja de ser una experiencia espiritual y empieza a funcionar como un instrumento de legitimación del poder.
Cuando un dirigente afirma que actúa por mandato de Dios, el debate democrático se distorsiona. Ya no se confrontan argumentos, programas o resultados de gestión. Se introduce una autoridad absoluta frente a la cual cualquier discrepancia puede presentarse como una oposición no solo al gobernante, sino al propio Dios. De esa manera, la crítica ciudadana deja de verse como un derecho y comienza a ser presentada como una falta moral.
No es casual que algunos sectores religiosos impulsen candidatos como “ungidos por Dios”. Desde algunos púlpitos se orienta el voto, se identifica una opción política con la voluntad divina y se insinúa que quien apoya una alternativa distinta está contrariando un supuesto plan de Dios. Así, la política deja de ser una deliberación entre ciudadanos libres para convertirse en un ejercicio de obediencia religiosa.
Ese fenómeno resulta especialmente preocupante en un Estado laico. La Constitución garantiza plenamente la libertad de cultos, pero también establece que la legitimidad del poder emana de la soberanía popular y del orden constitucional, no de revelaciones religiosas ni de proclamaciones espirituales.
La crítica a un presidente, a un ministro o a un candidato nunca puede confundirse con una crítica a Dios. Los servidores públicos responden ante la ciudadanía, no ante una supuesta investidura sobrenatural. Su legitimidad proviene del voto, de la Constitución y del cumplimiento de la ley, no de una proclamación de carácter religioso.
Cuando la fe se convierte en un escudo contra el control democrático, deja de cumplir una función espiritual para transformarse en un instrumento de poder. Y cuando algunos líderes religiosos presentan candidatos como escogidos por Dios, corren el riesgo de convertir el Evangelio en propaganda electoral y la conciencia de los creyentes en un mecanismo de movilización política.
La democracia necesita iglesias libres para predicar su fe y ciudadanos libres para ejercer el control sobre quienes gobiernan. Lo que no necesita son dirigentes que pretendan sustituir el debate democrático por la obediencia religiosa, ni funcionarios que busquen situarse por encima del escrutinio público invocando una supuesta designación divina.
Porque en una democracia no existen mesías. Existen ciudadanos investidos temporalmente de funciones públicas. Y quienes administran el poder deben responder ante la Constitución, ante la ley y, sobre todo, ante el pueblo, nunca escudarse en Dios para eludir la responsabilidad propia de los hombres.

Mejor ni digo nada. No sea que me mande a destripar, estos santos.
Es fácil escudarse en Dios, una cosa es la autoridad civil y otra es la religión, si yo cumplo por ejemplo : los mandamientos divinos, lo más probable es que no incumpla las leyes civiles ; pero si la ley civil me permite hacer cosas que la ley divina no acompaña, que se puede hacer?