¿Qué espera el Ministerio de Educación?:

Mercenarios se toman la Universidad y amenazan a los estudiantes con bates de beisbol, de la misma manera como lo hizo un Concejal con manifestantes pacíficos en la ciudad de Medellín.

La Universidad del Atlántico vuelve a ser escenario de un capítulo vergonzoso en su historia reciente. Los vicios del pasado se repiten con el mismo libreto, con nuevos actores que encarnan las viejas prácticas de la politiquería. La designación del nuevo rector ha desatado una tormenta ética y moral, pues en ella se reflejan las sombras del antiguo “chiqui” Prasca, aquel rector que renunció tras denuncias de presunto acoso sexual y que hoy reaparece, no en cuerpo, pero sí en espíritu, en el ejercicio autoritario y en la burla a los principios universitarios.

La historia parece circular en la Universidad del Atlántico. En 2018, los cuestionamientos por la habilitación irregular de César Lorduy para integrar el Consejo Superior marcaron el inicio de una cadena de decisiones oscuras que debilitaron la autonomía universitaria. Hoy, con la elección de un rector impugnado por presuntas inconsistencias en su hoja de vida, la comunidad vuelve a sentir que las fuerzas políticas han usurpado el alma de la academia.

Las denuncias se acumulan y el Consejo Superior guarda silencio. Las asambleas de estudiantes, docentes y trabajadores legítimamente indignadas reclaman la verificación de los documentos, la transparencia en el proceso y el respeto a la voz de quienes sostienen con su esfuerzo la vida universitaria. No se trata de una disputa de poder, sino de una exigencia ética: que la universidad vuelva a ser el templo del pensamiento y no el botín de los clanes políticos

En medio de la tensión, el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad histórica. La presencia de fuerzas ajenas a la comunidad universitaria, actuando con violencia y respaldo político, revive los episodios más oscuros del pasado, cuando la intromisión de grupos externos dejó persecuciones y muertes entre estudiantes y profesores.

El reciente comunicado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos advierte sobre la revictimización de una universidad reconocida por el Estado como sujeto de reparación colectiva y exige que el Ministerio actúe con urgencia, no sólo para investigar las presuntas irregularidades en la designación del rector, sino para garantizar que la autonomía universitaria no vuelva a ser vulnerada por la infiltración de intereses extraacadémicos que pretenden sembrar el miedo y el caos dentro del alma mater.

En las últimas horas, el periodista y académico Gary Martínez Gordon denunció a través de sus redes sociales que “mercenarios hacen disparos contra los estudiantes que lideran la toma pacífica en la Universidad del Atlántico, tumbaron la entrada de la 51B e ingresaron a amenazar a los estudiantes”, exigiendo al Ministro de Educación, Daniel Rojas, y al Presidente Gustavo Petro que cesen la pasividad frente a hechos que calificó como una forma de complicidad institucional. Su denuncia, acompañada de imágenes de los ataques, confirma el deterioro de la seguridad en el campus y evidencia la urgencia de una intervención efectiva del Gobierno Nacional.

Las imágenes que circulan en redes sociales son un alarmante recordatorio de lo ocurrido en el pasado, cuando la infiltración de fuerzas externas derivó en hechos de violencia y en la pérdida irreparable de vidas de estudiantes y docentes. Este es un momento decisivo: el Ministerio de Educación y las autoridades deben actuar con firmeza antes de que el miedo y el caos vuelvan a instalarse en la universidad. Ignorar esas señales sería permitir el retorno de los años más oscuros de la historia académica del Atlántico.

El eco del “chiqui” Prasca sigue rondando los pasillos, no porque regrese físicamente, sino porque su estilo de mando autoritario ha dejado huellas en quienes hoy lo imitan. La universidad que alguna vez fue símbolo de pensamiento crítico y libertad se encuentra nuevamente bajo el asedio de quienes la conciben como un botín burocrático.

Los estudiantes, como en tantas otras épocas, han sido la voz más clara y digna. No piden privilegios ni prebendas, solo respeto por la verdad y transparencia en la gestión. En sus manos, en su persistencia, recae la posibilidad de recuperar la esencia académica de la institución.

El Consejo Superior debe recordar que la autonomía universitaria no es una patente para la impunidad. Por el contrario, es una responsabilidad con la sociedad y con la historia del Atlántico. No se puede gobernar una universidad desde la imposición ni desde los acuerdos oscuros.

El Ministerio de Educación no puede seguir mirando de lejos mientras la comunidad académica se desangra moralmente. Si no interviene con claridad y firmeza, la crisis institucional seguirá profundizándose y el mensaje que quedará será el de la complicidad.

La Universidad del Atlántico merece un rector legítimo, elegido con transparencia, y un Consejo Superior que escuche a su gente. Que los fantasmas del pasado no vuelvan a tomar cuerpo entre sus muros. Que el alma de la universidad, hecha de pensamiento libre, debate y pluralidad, no sea profanada una vez más por la mezquindad política.

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