El Congreso jamás renunciará a sus ventajas; el reto es una Constituyente o un nuevo Congreso
Por Joaquín Baena Arévalo
Director de la Fundación Internacional de Investigaciones y Estudios Latinoamericanos

En Colombia se habla de reformas políticas, pero ninguna toca el núcleo duro: los privilegios de quienes gobiernan. Los congresistas legislan para todos, menos para sí mismos. Mientras el pueblo debe cotizar décadas para acceder a una pensión mínima, ellos disfrutan de jubilaciones exorbitantes con apenas un periodo en el Capitolio. Mientras el ciudadano común se debate en las filas del sistema de salud, ellos tienen seguros privados pagados con recursos públicos. Esta no es democracia, es una aristocracia revestida de representación popular.
La verdadera reforma no es un maquillaje de cifras, es una cirugía de fondo: que los congresistas coticen como cualquier trabajador, que usen el mismo sistema de salud que padecen los colombianos, que paguen sus gastos personales sin excusas de fuero ni viáticos, que dejen de vivir del erario como si fueran una casta intocable. La política debe ser un servicio temporal, no una empresa de acumulación personal.
Pero el problema no termina allí. El presidencialismo colombiano, con todos sus defectos, al menos impone un límite: no hay reelección. Sin embargo, esa restricción no se aplica a gobernadores ni a alcaldes. Por eso se repiten los nombres: Eduardo Verano, tres veces gobernador del Atlántico; Álex Char, que convirtió la Alcaldía de Barranquilla en un fortín heredado. Lo mismo ocurre en asambleas y concejos, donde los mismos apellidos controlan los cargos como feudos familiares. Esa no es alternancia: es perpetuidad. Y la perpetuidad es la antesala de la corrupción.
Foucault advirtió que el poder no solo se concentra arriba, sino que se filtra en cada engranaje de la vida social. En Colombia, el poder se perpetúa a través de la manipulación de reglas que blindan a los poderosos: aumentos automáticos de salarios, inmunidades disfrazadas de fueros, viáticos desproporcionados, reelecciones disfrazadas de democracia. La política se ha vuelto una máquina de reproducción del poder, diseñada no para servir al ciudadano, sino para proteger los privilegios de quienes ya lo detentan.
Aquí surge el dilema: una reforma de fondo nunca nacerá del Congreso, porque sería legislar contra sí mismo. Y la Corte Constitucional, con magistrados elegidos bajo lógicas clientelistas —como lo evidencia el triunfo reciente de Camargo— difícilmente se pondrá del lado del pueblo. No hay salida fácil: estamos atrapados en una noche de nubarrones institucionales, donde cada actor político protege su parcela de poder.
Por eso se vuelve inevitable mirar hacia la Constituyente. La historia de la “séptima papeleta” de 1990 demostró que el constituyente primario puede abrir camino allí donde los poderes constituidos se niegan. Pero no basta con invocar el antecedente: en el contexto actual, con una Corte más cerrada y un Congreso más atrincherado, el único motor real es un despertar de la conciencia ciudadana. El pueblo debe organizarse, presionar, movilizar y, llegado el caso, llevar de nuevo a las urnas una decisión que los políticos jamás tomarán por sí mismos.
La otra fórmula, menos radical pero igual necesaria, es cambiar el Congreso en las próximas elecciones. Romper con la inercia de votar por los mismos nombres, las mismas familias, los mismos clanes. Un Congreso renovado, con liderazgos distintos y comprometidos, podría ser la llave para abrir las reformas que la vieja guardia bloquea. Sin ese recambio, cualquier iniciativa quedará sepultada en la muralla legislativa.
La perpetuidad en el poder no es experiencia: es corrupción enquistada. Un político con 20 años en el cargo no garantiza transparencia ni resultados; garantiza redes clientelares, contratos amañados y fortunas inexplicables. Dos periodos son suficientes para mostrar resultados. Quien no los logra en ese tiempo, no los logrará nunca. Y quien quiere eternizarse en el cargo muestra de entrada que no busca servir, sino servirse.
La ciudadanía no puede seguir mirando de lejos. La indiferencia es el alimento de los privilegios. La democracia no se defiende como espectador, se defiende participando, exigiendo, movilizándose. Una Constituyente impulsada desde abajo o un Congreso renovado en las urnas son las dos rutas posibles para romper el círculo vicioso. Lo que no es posible es seguir confiando en que los mismos privilegiados renunciarán por voluntad propia a su sistema de prebendas.
Foucault decía que el poder siempre encuentra nuevas máscaras. En Colombia, ese poder se disfraza de democracia participativa, de alternancia, de transparencia. Pero el disfraz ya no engaña. Vivimos en un panóptico político en el que los ciudadanos vigilan impotentes mientras las élites se reciclan. Romper ese círculo requiere decisión histórica. La hora no es de esperar, sino de actuar. Solo así podremos arrancarle a la política su ropaje aristocrático y devolverla al pueblo, donde siempre debió estar.
