Abrió investigación que deja contra las cuerdas al Comité de Credenciales, el Consejo Superior y la Gobernación
Por: Rafael Caballero B.
Redacción Educación
El Ministerio de Educación Nacional dio un paso decisivo en la crisis de la Universidad del Atlántico: ordenó la apertura de una Investigación Administrativa Preliminar contra los miembros del Comité de Credenciales y del Consejo Superior Universitario, al encontrar que convalidaron certificaciones espurias que permitieron la designación de un rector sin cumplir los requisitos estatutarios.
La comunicación oficial despeja cualquier duda: el MEN tomó control del proceso y asumió la responsabilidad de corregir un procedimiento severamente alterado por decisiones contrarias a la legalidad.
Certificaciones irregulares y un nombramiento sin sustento legal
El Ministerio fue claro: el Comité de Credenciales y el Consejo Superior validaron documentos inconsistentes, vulnerando normas constitucionales, reglamentarias y estatutarias que rigen la elección rectoral 2025–2029.
Los documentos cuestionados ya reposan como pruebas en el proceso administrativo, lo que confirma la gravedad del manejo dado a la información académica del candidato.
Un investigador designado y un acto que no admite recursos
El MEN designó al doctor Harold Mauricio Cárdenas Moreno como funcionario investigador de la actuación sancionatoria.
La resolución precisa que no procede ningún recurso, lo cual marca la firmeza institucional con la que se asume la depuración del proceso rectoral.
Notificaciones formales y advertencias claras
La Secretaría General deberá notificar oficialmente a todos los integrantes del Comité de Credenciales y del Consejo Superior.
Además, deberán remitir constancias para garantizar trazabilidad y transparencia en cada una de las comunicaciones oficiales.
El papel del gobernador: reincidencia, subordinación política y un botín de 500.000 millones
El avance del proceso también pone bajo el foco al gobernador del Atlántico, señalado por su participación en la manipulación del proceso rectoral.
Es la segunda vez que el mandatario se involucra en maniobras irregulares, alineándose —como señalan sectores académicos y políticos— con los intereses de la Casa Char, que históricamente ha usado la universidad como plataforma burocrática y electoral.
El presupuesto de la institución supera los 500.000 millones de pesos, monto comparable al de una gobernación pequeña y especialmente atractivo en la antesala de la próxima campaña electoral. Para muchos, esta captura política explica por qué la universidad ha sido tratada como un botín y no como un centro de educación superior.
Diversas voces universitarias exigen una sanción ejemplar al gobernador por reincidir en prácticas que afectan la autonomía y comprometen el interés público.
Un panorama crítico y la inminente caída del rector cuestionado
Tras la apertura del proceso sancionatorio:
• El nombramiento del rector queda prácticamente insostenible.
• El CSU y el Comité de Credenciales se enfrentan a serias sanciones disciplinarias y administrativas.
• Las evidencias recopiladas por el MEN reflejan un escenario donde la legalidad fue vulnerada de forma grave.
A esto se suma un factor determinante: la movilización unida de profesores y estudiantes, quienes han sostenido la defensa de la universidad pública y han impedido que este exabrupto se consolide. Su resistencia ha sido clave para frenar la imposición de un rector espurio y forzar la acción del Ministerio.
La Universidad del Atlántico entra en una nueva etapa donde las responsabilidades deberán aclararse y los actos irregulares serán objeto de sanción. Lo cierto es que el mensaje del MEN es inequívoco: habrá consecuencias, y la institucionalidad deberá ser restablecida.
