Por: Joaquín Baena Arévalo
Columnista político y académico
“La vida y el diagnóstico médico no pueden someterse a la discrecionalidad de un trámite. Cuando un escritorio revisa lo que un especialista ya ha certificado, no se está defendiendo la técnica: se está postergando la vida. La salud debe estar por encima de la burocracia y de cualquier forma de avaricia institucional que convierta el sufrimiento humano en un expediente.”
En el modelo actual del FOMAG, los medicamentos formulados por un médico no se entregan de manera inmediata ni automática, sino que deben atravesar un proceso de autorización administrativa. Una vez el especialista prescribe el tratamiento, la decisión final queda en manos de un funcionario que no tiene formación médica. Así, el criterio clínico termina subordinado a un trámite burocrático.
Este columnista lleva un mes sin recibir un medicamento debidamente formulado. No se trata de una solicitud extraordinaria ni de un procedimiento experimental, sino de un tratamiento ordenado bajo responsabilidad profesional. Sin embargo, la entrega depende de filtros administrativos que, en la práctica, interrumpen la continuidad terapéutica y ponen en riesgo la estabilidad del paciente.
El caso de Bialis Piña Gutiérrez, diagnosticada con Parkinson, resulta aún más preocupante. De manera constante se ve obligada a comprar sus medicamentos con recursos propios debido a los retrasos del proceso interno. Algunos fármacos le son suministrados de forma intermitente, mientras otros permanecen estancados en trámites dentro del FOMAG, sometidos a revisiones que desconocen la urgencia y continuidad que exige su condición neurológica. La enfermedad no se detiene, pero el expediente sí.
La situación se torna dramática cuando observamos casos como el de una madre docente en Barranquilla, cuyo hijo con fibrosis quística —enfermedad huérfana y de alto riesgo— permanece hospitalizado en la Clínica General del Norte. Después de casi 24 horas le asignaron un cubículo sin sábanas porque, según le informaron, estaban agotadas. Aún no cuenta con habitación. Desde el cambio contractual con el FOMAG, denuncia retrasos en medicamentos vitales como la Tobramicina inhalada, errores en formulaciones que impiden la entrega, ausencia de viáticos para citas especializadas fuera de la ciudad y falta de reembolso de gastos asumidos con recursos propios.
Ha interpuesto tutelas, cuenta con seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y ha acudido al sindicato. Sin embargo, las respuestas siguen siendo insuficientes.
Y aquí emerge una verdad incómoda: muchos maestros sienten que no cuentan con el respaldo decidido de varios directivos de ADEA ni del representante ante FECODE. Mientras las redes sociales se llenan de declaraciones y visibilizaciones, en los casos concretos la gestión efectiva es escasa.
En contraste, es necesario reconocerlo con claridad: el presidente de ADEBA, José Ignacio Jiménez, ha demostrado diligencia en el acompañamiento a los docentes. Sin estridencias ni espantajoismo, ha intervenido para impulsar decisiones administrativas que no deberían requerir intermediación, pero que hoy dependen de voluntad y gestión directa.
Cuando los docentes deben depender casi exclusivamente de la actuación de un dirigente para destrabar autorizaciones médicas, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. La salud no puede ser escenario de protagonismos ni plataforma de visibilidad digital. El diagnóstico médico debe prevalecer sobre el trámite. La vida no puede convertirse en un archivo en espera de firma.
Si esto ocurre con docentes que conocen sus derechos y alzan la voz, ¿qué estará sucediendo con quienes no tienen herramientas jurídicas ni espacios de denuncia?
La salud no es un espectáculo. No es un contrato. No es un procedimiento administrativo. Es un derecho fundamental.
Y los derechos no se suplican: se garantizan.
