“El poder no se toma: se arrebata, y cuando el arrebato es descarado, se llama prevaricato.”
Por Joaquín Baena Arévalo
Magíster en Educación y Filosofía
La tarde del lunes 27 de octubre quedará marcada en la historia reciente de la Universidad del Atlántico. A las 2:00 p.m., el Consejo Superior designó como rector a Leyton Barrios, pese a las advertencias expresas del Ministerio de Educación Nacional y a la ausencia de los delegados del Gobierno y de los profesores. La decisión, adoptada en medio del descontento generalizado de la comunidad académica, evidencia una nueva arremetida del poder político sobre la autonomía universitaria.
El Ministerio había enviado dos directrices formales: suspender cualquier elección hasta esclarecer las irregularidades en las hojas de vida de varios aspirantes, entre ellos el propio Barrios, señalado de presentar certificaciones académicas sin validez jurídica. Pero el Consejo, dominado por los sectores políticos afines a la casa Char, desconoció las orientaciones ministeriales y procedió, a mansalva, con la designación.
El acto fue interpretado por muchos como un desafío abierto al Gobierno Nacional, un gesto de soberbia que desborda los límites de la legalidad. El Ministerio no solo había pedido prudencia, sino también respeto al principio de mérito y transparencia. Aun así, la decisión se impuso, sin quórum legítimo y con las sillas vacías de quienes representaban al Estado y al profesorado.
El ambiente en la universidad era de estupor. Profesores, estudiantes y egresados vieron consumarse lo que desde hace semanas se advertía como un golpe orquestado desde los círculos políticos del Atlántico. La designación de Barrios no fue una sorpresa, sino la culminación de una estrategia diseñada para tomar el control del medio billón de pesos del presupuesto universitario y sus múltiples contratos.
El gobernador Eduardo Verano ha terminado convertido en símbolo de la claudicación política. Ha entregado en forma servil los recursos del departamento al Distrito de Barranquilla y hoy, a pesar de estar inhabilitado para votar por Leyton, entrega también medio billón de pesos a los dueños del distrito. La actitud reptante de este gobernador ante la casa Char es indigna y pone en evidencia su renuncia a defender los intereses del Atlántico.
Mientras tanto, la delegada de la Presidencia de la República y el representante del Ministerio de Educación abandonaron la sesión antes de la votación, en protesta por el desconocimiento de las directrices nacionales. Su retiro simboliza la ruptura entre la legalidad y el abuso del poder local, una escena que expone el grado de deterioro de la gobernanza universitaria.
Las bases académicas han respondido con indignación. Docentes y estudiantes han declarado asambleas permanentes y preparan movilizaciones para exigir la nulidad del nombramiento. Consideran que el Consejo Superior incurrió en prevaricato por acción, al adoptar una resolución manifiestamente contraria a las órdenes del Ministerio y al debido proceso.
Desde el punto de vista jurídico, el caso es claro: el prevaricato se configura cuando un servidor público, con pleno conocimiento, profiere un acto que contradice la ley o la autoridad competente. Aquí no solo se violó una directriz ministerial, sino que se ignoró la jerarquía del Estado en materia de inspección y vigilancia educativa.
Las denuncias serán elevadas nuevamente ante la Procuraduría, la Fiscalía y el propio Ministerio de Educación, que está llamado a pronunciarse con firmeza. La comunidad universitaria exige que el Gobierno actúe para revertir este atropello, proteger la autonomía universitaria y sancionar a quienes, bajo intereses políticos, usurparon un espacio académico.
Con un rector que carece de legitimidad y una comunidad en resistencia, la Universidad del Atlántico entra en una etapa de crisis institucional. La rectoría, lejos de representar consenso o mérito, se convierte en el epicentro de la discordia. Las bases no reconocen autoridad moral en una figura elegida mediante procedimientos viciados.
Lo ocurrido este lunes demuestra que, en el Atlántico, los clanes políticos han extendido sus tentáculos sobre todos los ámbitos de la vida pública. La universidad, que debería ser baluarte del pensamiento libre, es tratada como botín de guerra política, donde el mérito se reemplaza por el padrinazgo y el conocimiento por la obediencia.
La sombra del nefasto rector Carlos Prasca vuelve a rondar los pasillos universitarios. Su administración fue el antecedente de esta captura institucional, y hoy su karma parece repetirse bajo otro nombre, pero con los mismos métodos y los mismos patrocinadores.
El caso Uniatlántico no es un episodio aislado: es un síntoma del colapso ético de la política regional. Si el Gobierno Nacional guarda silencio, quedará sellado el mensaje de impunidad. Pero si actúa con determinación, podrá frenar la degradación de la educación pública, la comunidad universitaria exige un pronunciamiento lo más pronto del Ministerio de Educación
“El infierno son los otros”, escribió Sartre. Y hoy, en el Atlántico, ese infierno tiene rostro político: el de quienes, a mansalva y prevaricando se tomaron la universidad y la entregaron al clientelismo.

El gobernador del Atlántico,muestra una vez mas su vocación de títere del Clan Char,genuflexo ante el poder politiquero,dejando a la deriva los recursos de la Educación,tirando a la cuenta los principios fundamentales preceptuados en nuestra Carta política en el Art 209.