Esa expresión cobra una gran validez hoy, ante la serie de movidas aparentemente alocadas, pero fríamente calculadas, que ha venido haciendo Abelardo de la Espriella, entre las que se ve a las claras la intención de modificar la Constitución para facilitar la persecusión y el destripamiento físico de sus contradictores y acallar a los medios alternativos, propósitos dictatoriales que ya comenzaron.
Por: Pedro Lara Castiblanco
Director del Sistema Informativo AHORA
¡Ojo al parche!
Así decían los viejos para alertar sobre algo perjudicial o peligroso o simplemente para llamar la atención sobre algo que estaba ocurriendo y a lo que había que ponerle mucha atención.
Esa expresión cobra una gran validez hoy, ante la serie de movidas aparentemente alocadas, pero fríamente calculadas, que ha venido haciendo Abelardo de la Espriella, entre las que se ve a las claras la intención de modificar la Constitución para facilitar la persecusión y el destripamiento físico de sus contradictores y acallar a los medios alternativos, propósitos dictatoriales que ya comenzaron con la suspensión de 20 emisoras de paz, a lo que se suma ahora la Sentencia T-241 de 2026 de la Corte Constitucional que le hace coro al imponerle a los influenciadores y a los creadores de contenidos una serie de limitaciones para el ejercicio de su labor, mala, regular o buena.
Actuando a lo Trump, quien ha mantenido una agresiva campaña contra los medios de comunicación y los creadores de contenido que no están de acuerdo con él o que le hacen preguntas comprometedoras o “pringamoseras” como decimos en nuestro argot popular, De La Espriella ha sido protagonista de más de un episodio ofensivo y vulgar contra los periodistas, especialmente contra las mujeres.
Y como está en el propósito de destruir todo lo que construyeron aquellos antecesores suyos que no son de su agrado, para alardear de que es un varón pregonando que llego tarde a la repartición del miedo, Abelardo la emprendió contra las 20 emisoras de paz creadas en el año 2016, en el marco del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Resulta evidente que con estos elementos de control y restricción el Gobierno del animal identificado como “El tigre”, lo que busca es silenciar todo lo que a su estrecho y mezquino modo de ver represente “un peligro” para sus planes de destripamiento y destrucción de todo aquello que no corresponda a sus intereses.
Con sobradas razones organizaciones y gremios periodísticos como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y sectores de oposición calificaron la decisión como un acto de censura y un intento de modificar las narrativas de paz y memoria regional, para sentar en imperio del miedo y la imposición.
Órdenes a los gremios y el voto de los militares
Otro aspecto que demuestra su propósito de consolidar lo que desde ya se insinúa como una dictadura, tiene que ver con su reciente intromisión en la decisión de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cuando ordenó cambiar a la Presidenta que había elegido ese gremio, por considerar que esa persona no era prenda de garantía para sus intereses e igual actitud asumió con la Alcaldía de Bogotá, administración a la que le asignó una Gerente afín con sus propósitos de control, bajo el camuflaje de estar atento y apoyar la gestión del Alcalde de esa ciudad.
Pero “la joya de la corona” o “la cereza del postre” de sus ansias de poder lo constituye el proyecto de Ley que propone el voto de los militares y policías, decisión con la que en su mentalidad perversa y criminal buscará crear su propia Gestapo, para cumplir físicamente con el destripamiento prometido a sus contradictores políticos, a los que desquiciadamente considera “enemigos”.
Parece que este individuo se olvida o poco le importan los sangrientos años vividos por el país entre las décadas de los años 1940 y 1950 con la policía politizada denominada “Policía Chulavita”, durante los gobiernos conservadores de esa época.
En aquel tiempo la Policía Nacional fue fuertemente armada e ideologizada bajo una consigna partidista, convirtiéndola en un instrumento de persecución contra la oposición liberal y las comunidades campesinas, exacerbando la violencia rural y forzando el desplazamiento masivo de miles de personas.
No sobra recordar los aciagos años de la Alineación ideológica de la Guerra Fría, bajo la influencia de “la doctrina de la seguridad nacional” promovida por Estados Unidos, época durante la cual los sucesivos gobiernos colombianos instruyeron a las tropas bajo la premisa de combatir el comunismo internacional, persiguiendo a colombianos con el cuento del “enemigo interno”.
La militarización de la vida civil alcanzó su punto crítico con el nefasto “Estatuto de Seguridad” del gobierno de Julio César Turbay Ayala, mediante el cual se facultó a la justicia militar para juzgar a civiles y facilitó detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas amparadas en el Estado de Sitio.
¿Se imaginan lo que De la Espriella haría con unas fuerzas militares y de policía politizadas, que como cualquier parroquiano decidan defender su voto, pero a punta de tortura y bala?
Sería tanto como poner a los organismos de seguridad a su servicio o al servicio de sus socios, mas no al servicio del país, como debe ser, para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos combatiendo a los criminales, más no para “destripar” a los adversarios políticos del gobernante de turno.
Pero como su propósito es destruir todo lo que considere ajeno a sus intereses ahora quiere “destripar” a la Constitución Nacional que, precisamente como respuesta directa a los excesos del pasado buscó desideologizar y profesionalizar a las instituciones uniformadas.
El artículo 219 de la carta magna determinó taxativamente que la Fuerza Pública No es deliberante y sus miembros no pueden intervenir en la política partidista, ni votar, ni manifestarse públicamente a favor de las directrices ideológicas o discursos de los gobernantes de turno.
Visto todo lo anterior la pregunta final es: ¿Qué será lo que quiere Abelardo?
¡Ojo al parche!
