Por Joaquín Baena Arévalo
Magíster en Educación y Filosofía

La Universidad del Atlántico atraviesa una crisis sin precedentes. La toma de la rectoría por parte de la casa política Char ha encendido una tormenta institucional que hoy mantiene a todas las facultades en asambleas permanentes y en paro indefinido. Lo que se vive no es un simple desacuerdo administrativo, sino una fractura del orden jurídico y ético de la institución. La comunidad universitaria ha dicho basta ante el desfalco moral y el secuestro político de su autonomía.
La designación del rector se hizo en abierta contravía de la ley y de las advertencias del Ministerio de Educación. Se desconocieron los reparos formales de esa cartera, se ignoraron los procedimientos establecidos y se avalaron documentos sin validez legal ni académica. La decisión, impuesta con prepotencia, constituye un acto de prevaricato que vulnera el principio de legalidad y compromete la responsabilidad de quienes, desde el Consejo Superior, avalaron un nombramiento viciado de nulidad.
Resulta inadmisible que una universidad pública, llamada a ser faro de rigor y de conocimiento, actúe con semejante desprecio por las normas. El proceso fue un atropello al debido procedimiento y a la transparencia institucional. Las certificaciones presentadas por el designado rector no superaron las verificaciones exigidas por la ley, y aun así, el Consejo Superior procedió a su nombramiento. Todo esto ocurrió pese a los oficios y advertencias explícitas del Ministerio de Educación, que alertaron sobre las irregularidades detectadas.
El fantasma del rector Prasca vuelve a rondar los pasillos de la Universidad del Atlántico. Aquel periodo vergonzoso, recordado por su autoritarismo, persecución y degradación moral, marcó uno de los momentos más oscuros de la vida universitaria. Hoy, el karma de Prasca reaparece bajo nuevas formas, con otros rostros pero con el mismo fondo: la utilización de la universidad como botín político, como campo de reparto de cuotas, contratos y favores.
Ante este escenario, es imperativo que el Ministerio de Educación intervenga de manera inmediata. No se trata de una opción ni de un gesto político: es un deber legal y ético. El Estado no puede permanecer impasible ante la violación flagrante del marco normativo que regula la educación superior. La universidad no puede seguir siendo dirigida por un rector elegido de forma irregular y con soportes académicos carentes de validez. La intervención no solo es necesaria, es inaplazable.
El gobernador del Atlántico, que debería actuar como garante del orden y del mérito, ha preferido el servilismo. Ha demostrado ser un funcionario de doble rostro: grosero y altivo con los débiles, pero sumiso ante el poder de los Char. Su actitud reptante y complaciente representa la peor degradación del liderazgo público. En lugar de defender la universidad, se ha convertido en cómplice de su captura.
Mientras tanto, el espíritu universitario resiste. En el Pasillo de la Resistencia del Bloque D, los estudiantes y profesores mantienen viva la llama del pensamiento crítico. Las asambleas, hoy más que nunca, son espacios de reflexión y rebeldía. En ellas se discute no solo el presente, sino la esencia misma de la universidad pública como territorio de libertad. La comunidad universitaria ha comprendido que la defensa del conocimiento es también una forma de resistencia política.
Todas las facultades —desde Ingeniería hasta Bellas Artes— se han sumado al clamor unificado por la intervención del Estado. Los consejos de facultad, los sindicatos, los cuerpos estudiantiles y docentes coinciden en un mismo diagnóstico: el proceso de designación fue ilegal y debe ser anulado. La Universidad del Atlántico no puede seguir siendo laboratorio de politiquería ni rehén del poder económico.
El daño no es solo administrativo, es moral. Cada irregularidad cometida erosiona la confianza en las instituciones y golpea la dignidad de una comunidad que ha entregado su vida a la educación pública. Permitir que el silencio oficial se imponga equivaldría a convalidar la corrupción. El Ministerio de Educación tiene el deber de actuar con firmeza, ordenar la suspensión inmediata del acto de designación e iniciar las investigaciones correspondientes.
La universidad no pertenece a los Char ni al gobernador de turno. Pertenece al pueblo, a los maestros y estudiantes que la sostienen con su pensamiento y su rebeldía. La llama que hoy arde en sus facultades no es solo la del descontento: es la del renacimiento de una conciencia colectiva que clama justicia. El Ministerio no puede callar más. Es imperativo que intervenga antes de que la ignominia se normalice.
