La política del miedo

Tal como lo hacía el narcoterrorista Pablo Escobar, ahora se afirma que Abelardo de la Espriella tiene una libreta donde «todo el que ande jodiendo» queda anotado y «después se le pasa factura». Se intenta construir autoridad mediante la promesa del castigo, pero la fortaleza democrática, en cambio, no necesita listas de adversarios ni anuncios de “facturas”; necesita instituciones sólidas y respeto por el Estado de derecho.

Hay una vieja estrategia del poder: cuando faltan los argumentos, se recurre al miedo. No es una fórmula nueva. A lo largo de la historia, los liderazgos con vocación autoritaria han intentado gobernar no desde la confianza que inspiran sus ideas, sino desde el temor que generan sus amenazas.

En los últimos días hemos visto una preocupante escalada de ese lenguaje. Primero, las reiteradas advertencias de acudir a la justicia de los Estados Unidos para enfrentar a contradictores políticos, como si las instituciones colombianas fueran insuficientes o prescindibles. Después, un video en el que se afirma que “todo el que anda jodiendo” queda anotado en una libreta y que “después le pasa la factura”. En democracia, ese tipo de expresiones no pueden despacharse como una simple broma. El lenguaje del poder importa porque revela cómo se concibe la relación con quienes piensan diferente.

Paradójicamente, la amenaza permanente no suele ser una demostración de fortaleza. Con frecuencia es el recurso de quien necesita proyectar una imagen de poder que aún no posee. Como el personaje que presume amistades peligrosas para intimidar a los demás, se intenta construir autoridad mediante la promesa del castigo y el respaldo de figuras más poderosas. La fortaleza democrática, en cambio, no necesita listas de adversarios ni anuncios de “facturas”; necesita instituciones sólidas y respeto por el Estado de derecho.

Resulta igualmente preocupante que se deslice la idea de que la justicia de otro país pueda convertirse en instrumento para resolver disputas políticas internas. Colombia tiene jueces, tribunales y una Constitución. La defensa de la soberanía también pasa por respetar sus instituciones y no convertir a una potencia extranjera en árbitro permanente de la vida política nacional.

Como ciudadano y como analista político, considero legítimo expresar preocupación cuando el discurso público comienza a normalizar la intimidación. La libertad de expresión pierde contenido cuando quienes opinan sienten que criticar al poder puede convertirlos en destinatarios de represalias simbólicas o políticas. La democracia exige exactamente lo contrario: que la crítica sea protegida y que el contradictor sea respetado, no señalado.

La historia demuestra que las libertades no suelen desaparecer de un solo golpe. Se erosionan poco a poco, cuando la amenaza reemplaza al argumento, cuando el miedo desplaza al debate y cuando el poder empieza a considerar al contradictor como un enemigo al que hay que cobrarle cuentas.

La respuesta democrática no puede ser el silencio. Debe ser una defensa firme, serena y constitucional de la libertad de expresión, del pluralismo político, de la independencia de las instituciones y de la soberanía nacional. Una sociedad que renuncia a esos principios por temor termina perdiendo mucho más que una discusión política: termina poniendo en riesgo la esencia misma de su democracia.

Creo que acorde con el pronunciamiento de Iván Cepeda , si esto sigue escalando de esta manera hay que hacer la desobediencia civil pacífica

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