La estupidez política: cuando se vota contra los propios intereses

La estupidez política, entendida desde Cipolla, no es un problema de inteligencia sino de desconexión entre los intereses propios y las decisiones que se toman. Cuando los ciudadanos dejan de evaluar los resultados concretos de las políticas y comienzan a decidir únicamente por emociones, prejuicios, eslóganes o campañas de desinformación, la democracia pierde capacidad de deliberación racional.

El historiador Carlo M. Cipolla definía la estupidez como la conducta de aquellas personas que causan daño a otros y a sí mismas sin obtener beneficio alguno. Llevado al terreno político, este concepto nos ayuda a comprender un fenómeno frecuente en las democracias contemporáneas: ciudadanos que terminan apoyando proyectos o decisiones contrarias a sus propios intereses materiales y sociales. La estupidez política no consiste en pensar diferente, sino en actuar contra aquello que mejora la propia vida.

Uno de los casos más visibles es el de los trabajadores que reciben aumentos del salario mínimo y, sin embargo, respaldan a quienes se opusieron a esos incrementos o promovieron demandas para frenarlos. Más allá de las simpatías personales, resulta pertinente preguntarse por qué alguien que vive de su salario decide apoyar políticas que pueden debilitar su capacidad adquisitiva. La respuesta suele encontrarse más en las emociones y los prejuicios que en un análisis racional de sus condiciones de vida.

Algo similar ocurre con algunos sectores del campesinado. Durante décadas reclamaron acceso a la tierra como condición básica para producir y vivir con dignidad. Sin embargo, cuando se desarrollan procesos de entrega de tierras o de reforma agraria, no siempre respaldan políticamente esas iniciativas. El fenómeno revela cómo la propaganda, las identidades culturales o los liderazgos locales pueden llegar a pesar más que los beneficios concretos recibidos.

La situación de los adultos mayores también merece reflexión. Miles de personas que durante años no tuvieron ninguna protección económica en la vejez hoy reciben algún tipo de transferencia estatal o ingreso solidario. Sin embargo, una parte de esos beneficiarios termina apoyando proyectos políticos que consideran innecesarias o inconvenientes esas ayudas. La contradicción muestra cómo las decisiones electorales no siempre están guiadas por la evaluación de los propios intereses.

En el caso de los soldados y miembros de la Fuerza Pública, la discusión también resulta interesante. Cuando determinados gobiernos impulsan mejoras salariales o reconocimientos económicos para quienes prestan servicio al Estado, cabría esperar que esos avances fueran tenidos en cuenta en la valoración política. No obstante, muchas veces otros factores ideológicos, culturales o emocionales terminan siendo más determinantes que los beneficios efectivamente obtenidos.

Los profesores constituyen otro ejemplo digno de análisis. Históricamente han reclamado mejores condiciones de salud, estabilidad laboral y fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, no siempre existe correspondencia entre esas demandas y las decisiones electorales que posteriormente adoptan. La política demuestra una y otra vez que las percepciones, las narrativas y los miedos pueden tener más fuerza que los intereses profesionales concretos.

También encontramos el caso de muchos padres de familia que sueñan con que sus hijos accedan a la universidad y logren mejores oportunidades de vida. Paradójicamente, algunos terminan rechazando iniciativas orientadas a ampliar la gratuidad educativa o el acceso a la educación superior. La aspiración de movilidad social existe, pero no siempre se conecta con las políticas públicas que podrían facilitarla.

La estupidez política, entendida desde Cipolla, no es un problema de inteligencia sino de desconexión entre los intereses propios y las decisiones que se toman. Cuando los ciudadanos dejan de evaluar los resultados concretos de las políticas y comienzan a decidir únicamente por emociones, prejuicios, eslóganes o campañas de desinformación, la democracia pierde capacidad de deliberación racional. Tal vez el gran desafío de nuestro tiempo no sea solamente elegir buenos gobernantes, sino formar ciudadanos capaces de reconocer cuándo están defendiendo aquello que los beneficia y cuándo, sin darse cuenta, están votando contra sí mismos.