Trece congresistas de los Estados Unidos solicitaron formalmente que las autoridades federales investiguen los activos inmobiliarios del candidato en territorio estadounidense, el origen de su fortuna y las relaciones que, según distintos señalamientos, podrían existir con operaciones vinculadas a Alex Saab y con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por: Joaquín Baena Arévalo
Analista político y académico
Acostumbrado a las poses arrogantes, a la teatralidad y a las intimidaciones mediáticas, Abelardo de la Espriella ha construido una imagen pública de hombre fuerte, de justiciero implacable y de cruzado moral. Sin embargo, la historia suele ser implacable con quienes convierten la estridencia en método y la amenaza en instrumento político. Hoy, el candidato-tigre o candidato -la perra parece encontrarse frente a una encrucijada de proporciones mayores.
Durante meses, De la Espriella ha recurrido a una estrategia consistente en elaborar listas de contradictores políticos y acudir a funcionarios y congresistas estadounidenses para promover sanciones migratorias o restricciones de visado. Más que acudir a los jueces colombianos y presentar pruebas ante las autoridades competentes, ha preferido la espectacularización de las denuncias y el efecto mediático de las amenazas.
Pero el panorama ha comenzado a cambiar.
Trece congresistas de los Estados Unidos solicitaron formalmente que las autoridades federales investiguen los activos inmobiliarios del candidato en territorio estadounidense, el origen de su fortuna y las relaciones que, según distintos señalamientos, podrían existir con operaciones vinculadas a Alex Saab y con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya no se trata de listas elaboradas para intimidar adversarios políticos. Se trata de una petición de investigación proveniente de miembros del Congreso estadounidense y dirigida a las agencias competentes.
Simultáneamente, en Colombia, Iván Cepeda ha anunciado y presentado denuncias relacionadas con el presunto uso irregular de recursos provenientes del sistema de salud, así como por presuntos vínculos con estructuras del paramilitarismo. Son acusaciones graves que deberán ser esclarecidas por la justicia, pero cuya existencia resulta políticamente imposible de ignorar.
A ello se suman las actuaciones impulsadas por el abogado Miguel Ángel del Río, quien ha anunciado nuevas denuncias relacionadas con hechos que rodean la campaña presidencial y con posibles prácticas de corrupción electoral. Si las pruebas que afirma poseer son contundentes, corresponderá a la Fiscalía establecer responsabilidades.
Paradójicamente, quien ha hecho de la denuncia un espectáculo permanente podría terminar convertido en objeto de investigaciones mucho más serias y profundas. El cazador puede convertirse en presa cuando las instituciones comienzan a mirar hacia donde antes nadie quería mirar.
La situación es particularmente delicada porque Abelardo de la Espriella aspira a la Presidencia de la República. Colombia no puede darse el lujo de elegir un mandatario cuya eventual administración se encuentre desde el primer día rodeada por investigaciones nacionales e internacionales sobre el origen de su patrimonio, sus relaciones políticas y las actuaciones de quienes conforman su entorno.
La democracia exige algo más que discursos encendidos y amenazas. Exige transparencia, rendición de cuentas y sometimiento al escrutinio de las instituciones. Nadie puede pretender erigirse en fiscal universal de la nación y, al mismo tiempo, reclamar inmunidad frente a las preguntas que la sociedad tiene derecho a formular.
Tal vez por eso la coyuntura actual representa la mayor paradoja política de Abelardo de la Espriella. Quien buscó intimidar con listas y advertencias podría terminar enfrentando investigaciones mucho más complejas y con consecuencias imprevisibles.
Porque las alharacas mediáticas pasan. Los expedientes, en cambio, permanecen.
Y la justicia, tarde o temprano, termina llamando a la puerta de todos.
