Indicios sobre la compra de ‘Pegasus’

En un reciente oficio emitido por la Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia, firmado por el Fiscal 6° Delegado, Hernando Barreto Ardila, se ha confirmado la existencia de «fuertes indicios» que sugieren la posible adquisición del software espía ‘Pegasus’ en Colombia.

Este pronunciamiento es particularmente relevante dado el contexto de denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, quien ha alertado sobre el uso potencial de este tipo de herramientas tecnológicas en el país.

La respuesta de la Fiscalía se realizó en atención a un derecho de petición presentado por el abogado Santiago Suárez, quien solicitó información sobre las pruebas que respaldan las afirmaciones sobre la compra del controvertido programa de espionaje. En su comunicado, la Fiscalía no solo ratifica la existencia de estos indicios, sino que también abre la puerta a una investigación más exhaustiva sobre el tema.

Es importante resaltar que esta declaración ocurre en un periodo en el que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha negado la existencia de rubros destinados específicamente para la adquisición de ‘Pegasus’. Sin embargo, Velásquez también reconoció que ha habido algún tipo de actividad relacionada con este software en el país, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza y el alcance del uso de tal tecnología en Colombia.

Adicionalmente, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha destacado que se están investigando al menos dos transacciones financieras que podrían estar vinculadas a la compra de ‘Pegasus’, las cuales suman un total de 11 millones de dólares. Estas transacciones han sido documentadas mediante un informe proveniente de Israel, que ha llegado a manos de la Fiscalía. Se menciona un primer ingreso de 5,5 millones de dólares recibido por NSO Group, la empresa desarrolladora del software, en el mes de junio de 2021. Un segundo pago, que rondaría los 6 millones de dólares, habría tenido lugar entre septiembre y octubre del mismo año.

La revelación de estos datos pone de manifiesto la complejidad y la gravedad de la situación relacionada con la vigilancia digital en el país. La posible adquisición de una herramienta como ‘Pegasus’ plantea cuestiones éticas y legales significativas que deben ser abordadas con la máxima transparencia. Si efectivamente hubo una compra, se tendría que investigar no solo quiénes fueron los responsables, sino también las implicaciones que esto podría tener para los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos colombianos.

La Fiscalía deberá seguir su curso investigativo con rigor, garantizando que todas las acciones sean documentadas y que se tomen decisiones basadas en hechos probados. A medida que el proceso avanza, es crucial que se mantenga informada a la población sobre los hallazgos y las implicaciones de esta posible compra de software espía, ya que la confianza pública en las instituciones depende de su capacidad para abordar casos de esta magnitud de manera efectiva y justa.

En conclusión, la confirmación de indicios sobre la compra de ‘Pegasus’ representa un punto crítico en la evaluación de la seguridad nacional y el respeto a los derechos civiles en Colombia. La responsabilidad de esclarecer esta situación recae sobre las autoridades competentes, quienes deberán actuar con la diligencia necesaria para llegar al fondo del asunto.