Por: Joaquín Baena Arévalo
La campaña presidencial en Colombia entró en un terreno minado: los ataques ya no vienen de la izquierda ni del centro, sino de las propias filas de la ultraderecha. Tres episodios recientes desnudan el canibalismo político que se cocina entre precandidatos que, lejos de ofrecer un proyecto coherente, se disputan el poder con acusaciones que los dejan heridos de credibilidad.
De La Espriella: el “abogado de bandidos”
Vicky Dávila no se guardó nada y lanzó un misil contra Abelardo De La Espriella: lo acusó abiertamente de ser “el abogado de bandidos”, señalando que “se ha hecho millonario defendiendo delincuentes” de altísimo perfil. Entre ellos mencionó a David Murcia Guzmán, creador de DMG, al narcotraficante Juan Carlos “el Tuso” Sierra y a un tal Abello, todos ellos condenados o procesados por la justicia. Según Dávila, De La Espriella no solo ha hecho fortuna con esas defensas, sino que incluso “está denunciado por los mismos bandidos que representó, porque se cogió su dinero”. Una acusación directa que deja su aspiración presidencial bajo una sombra espesa.
Vicky Dávila y el lastre de los Gnecco
Pero Dávila tampoco sale limpia de esta pelea. Su propio entorno familiar arrastra un prontuario que sacude la política del Cesar y la Guajira. El Clan Gnecco ha sido denunciado por vínculos con el paramilitarismo, corrupción en la contratación y hasta homicidios políticos. Lucas Gnecco fue condenado por celebración indebida de contratos; Jorge Gnecco, asesinado en 2001, fue señalado como aliado de Salvatore Mancuso en la expansión paramilitar del Bloque Norte; Cielo Gnecco enfrenta hoy una orden de captura por secuestro y homicidio agravado; y Luis Alberto Monsalvo Gnecco, sobrino de la familia, fue condenado por corrupción en el PAE. Hablar de transparencia desde esa orilla deja un sabor amargo: Vicky lanza acusaciones contra De La Espriella, pero carga sobre sus hombros el peso de un apellido que en la Costa es sinónimo de clientelismo, paramilitarismo y corrupción.
María Fernanda Cabal contra la viuda de Miguel Uribe
El tercer capítulo del drama lo protagoniza María Fernanda Cabal, acusada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, de haberla amenazado e intimidado durante el funeral de su esposo. Uribe Turbay, exconcejal de Bogotá, exsecretario de Gobierno y senador, fue asesinado en un atentado que sacudió al país. Su viuda asegura que Cabal, lejos de ofrecer condolencias, se le acercó con palabras duras y tono amenazante en plena ceremonia. La senadora lo niega, pero la versión de la familia golpea directamente su aspiración presidencial, pues la muestra insensible y arrogante en el momento más doloroso de una familia víctima de la violencia política.
Una derecha en guerra consigo misma
En lugar de un frente sólido, la ultraderecha colombiana se exhibe ante la opinión pública como un campo de batalla entre sus propios caudillos. Unos cargan con el prontuario de haber defendido a delincuentes y estar “denunciados por los mismos bandidos”; otros, con la sombra oscura de clanes políticos aliados con paramilitares; y otros, con la insensibilidad de convertir un funeral en escenario de intimidación.
Mientras tanto, la ciudadanía contempla cómo la llamada “alternativa de orden” se despedaza a sí misma. Más que fuego cruzado, lo que arde es la credibilidad de quienes se presentan como salvadores del país, pero terminan revelando que sus debilidades son tan grandes como los vicios que dicen combatir.
