El empalme de la desconfianza

Si existieran irregularidades contables, obligaciones ocultas o manipulación de las finanzas públicas, el nuevo gobierno tiene no solo el derecho, sino el deber de denunciarlas, con pruebas irrebatibles, ante los organismos competentes. Pero mientras ello no ocurra y no exista una demostración técnica verificable, las cifras oficiales conservan su presunción de validez. Esa es una condición básica para la estabilidad institucional en nuestro estado de derecho, al que deben apegarse ciudadanos y abogados.

Todo gobierno tiene el derecho de discrepar del manejo económico de su antecesor. Lo que no puede hacer es convertir la desconfianza en método de gobierno antes siquiera de asumir plenamente sus funciones.

Las declaraciones del futuro ministro de Hacienda parten de una premisa inquietante: que las cifras oficiales del Estado no reflejan la realidad y que, por tanto, el país estaría frente a una situación fiscal mucho más grave de la informada. Si ello fuera cierto, corresponde demostrarlo con auditorías, documentos y evidencia técnica. En una democracia, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.

Los empalmes existen precisamente para verificar la información oficial, identificar inconsistencias y garantizar la continuidad administrativa del Estado. No son un escenario para sustituir los datos por presunciones ni para construir relatos políticos antes de que concluyan las verificaciones técnicas.

Hay, además, una evidente inconsistencia. Hace cuatro años, quienes hoy llegan al Gobierno recibieron la administración con base en las cifras oficiales del Estado. Esos datos fueron aceptados como el fundamento legítimo del proceso de empalme. Ahora, antes de terminar la revisión, se sostiene que las cifras oficiales son poco confiables o están acomodadas. Resulta difícil entender por qué la misma institucionalidad que ayer era válida para recibir el gobierno hoy deja de serlo simplemente porque el resultado político es distinto.

Si existieran irregularidades contables, obligaciones ocultas o manipulación de las finanzas públicas, el nuevo gobierno tiene no solo el derecho, sino el deber de denunciarlas, con pruebas irrebatibles, ante los organismos competentes. Pero mientras ello no ocurra y no exista una demostración técnica verificable, las cifras oficiales conservan su presunción de validez. Esa es una condición básica para la estabilidad institucional en nuestro estado de derecho, al que deben apegarse ciudadanos y abogados.

También llama la atención el contraste entre la desconfianza absoluta frente a las cifras del Estado y la absoluta confianza en proyecciones elaboradas por el propio equipo entrante. Se cuestionan los datos oficiales, pero al mismo tiempo se anuncian congelamientos presupuestales, recortes por decenas de billones de pesos y reformas estructurales apoyadas en estimaciones que todavía no han sido sometidas al mismo nivel de escrutinio público que se exige a las cifras oficiales.

Colombia enfrenta desafíos fiscales importantes. Nadie serio lo niega. Pero una cosa es reconocer esos desafíos y otra muy distinta construir una narrativa de colapso económico antes de que existan conclusiones técnicas. De hecho, diversos organismos internacionales y análisis especializados han destacado fortalezas de la economía colombiana en distintos indicadores durante los últimos años. Esa realidad también hace parte del debate y no puede ser ignorada selectivamente.

La confianza en las instituciones no puede depender de quién gane las elecciones. Si las cifras oficiales sirven cuando favorecen una posición política, pero dejan de ser confiables cuando favorecen otra, el problema deja de ser económico para convertirse en un problema de coherencia democrática.

Los gobiernos pasan; las instituciones permanecen. Debilitar la credibilidad de las estadísticas oficiales sin pruebas concluyentes puede producir un daño mucho mayor que cualquier déficit fiscal: erosionar la confianza en el propio Estado. Y cuando un país pierde la confianza en sus instituciones, ningún presupuesto alcanza para reconstruirla.