El Cartel de la Toga ataca de nuevo

Magistrados corruptos pisotean la Constitución y la Ley «con servicia y sobre seguro», alardeando de su omnipotente poder que parece carecer de controles. Curiosamente, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República, de ternas enviadas por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República.

Sin consideración.

Y también sin respeto alguno, asumo mi responsabilidad y el derecho que me asiste como ciudadano, para reclamar honestidad a los miembros de la Corte Constitucional que se han dado a la tarea de demoler las finanzas del Estado, causándole daños colaterales a la comunidad, con fallos que cada día generan más dudas que certezas y que dejan ver la frondosa cola de lobo, de lo que podríamos calificar como la prolongación del denominado «Cartel de la toga», la organización criminal conformada por magistrados de las Cortes, puesto al descubierto en años recientes.

Y es que no de otra manera se puede calificar a los engolados y prepotentes magistrados de esta Corte Constitucional, quienes, fallo tras fallo, destilan un odio visceral contra el actual Gobierno, movidos por la codicia y, desde luego, en defensa de sus mezquinos intereses, tanto políticos como económicos, porque es muy probable que dichos elementos que rayan en lo delincuencial estén fletados por los dueños del poder económico y por el diezmado poder político de quienes los llevaron a esos puestos de control que hoy ocupan.

Esos magistrados corruptos pisotean la Constitución y la Ley «con servicia y sobre seguro», alardeando de su omnipotente poder que parece carecer de controles. Curiosamente, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República, de ternas enviadas por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República.

Como puede verse son un poder aparentemente independiente que no cumple ni respeta Ley alguna y que se mueve al antojo y los intereses de los magistrados y sus jefes políticos y económicos.

Muestra de ello es que a pesar de todos sus entuertos, demoliendo o facilitando, solamente un magistrado de la Corte Constitucional de Colombia ha sido sancionado y condenado penalmente en toda la historia de la corporación. Se trata de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, condenado a 6 años y medio de prisión por el delito de extorsión, que en el caso de los funcionarios públicos corruptos es denominado eufemísticamente «concusión».

A Pretelt Chaljub, quien por esa época (año 2013) era Presidente de la Corte Constitucional, le demostraron que le exigió la suma de $500 millones al abogado de la Fiduciaria Fidupetrol, a cambio de favorecer el trámite de una acción de tutela que buscaba evitar la devolución de $25.000 millones de regalías a la Gobernación del Casanare.

No resulta difícil suponer que la condena de ese sujeto se produjo por haberse atrevido a tocar extorsivamente a uno de los cacaos de la economía que son parte de la despensa financiera de quienes forman parte del poder que esa Corporación representa. Muestra de ello el fallo que declaró inconstitucional la norma de la Reforma Tributaria de 2022 que prohibía a las empresas del sector minero y energético (petróleo, gas, carbón y minería) deducir las regalías del impuesto de renta. A no dudarlo un regalo tributario por cuenta de la Corte Constitucional, calculado en 6.6 Billones de pesos de ese año y cuyo cálculo hasta el año 2034 se estima en $27.4 Billones.

Nos preguntamos: ¿Si Pretelt Chaljub estaba pidiendo $500 millones por la exoneración de $25.000 millones, de cuánto sería la coima por la exoneración de $27.4 Billones?

Estos hechos nos muestran cuánto puede valer el poder de esa Corporación, donde el capricho, el compromiso y la codicia de los magistrados, son directamente proporcionales con la decisión final.

Pretelt Chaljub en Barranquilla

A Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, como Presidente de la Corte Constitucional se le recuerda de manera ingrata en Barranquilla, porque en uso de sus facultades constitucionales y legales, pero también actuando como primo de Alejandro Char, engavetó en el 2013 y dejó sin firmar durante meses un incidente de desacato relacionado con una tutela presentada por158 familias del sector de Campoalegre.

Dicha tutela afectaba directamente a la empresa constructora de Alejandro Char y a la alcaldía, donde el Alcalde era el mismo constructor sancionado, Alejandro Char, por incumplir la decisión que ordenaba pagar reparaciones por viviendas construidas en zonas de riesgo que sufrieron fallas estructurales. Varios magistrados de la Corte elevaron quejas internas debido a la falta de trámite por parte de Pretelt Chaljub en este caso que involucraba a su primo Alejandro Char.

Estos casos nos ponen a pensar sobre los verdaderos intereses de los actuales magistrados de la Corte Constitucional, quienes se han dedicado a complacer a sus jefes o patrocinadores en lo económico y en lo político, con el único afán de causarle daño al Gobierno, pero afectando de manera irreparable a los ciudadanos, en su mayoría gente damnificada por situaciones imprevistas como el caso del frente frío que ocasionó desbordamientos en la región de La Mojana y su zona de influencia, como también en aquel viejo caso particular sin resolver aún de la irresponsabilidad del constructor y posteriormente Alcalde Alejandro Char, quien a sabiendas de que en Campoalegre no se podía construir le vendió un problema a muchos ciudadanos. y como si nada se ha reeelegido en dos ocasiones.

La responsabilidad en aquel caso de Campoalegre, cuya decisión fue dilatada y engavetada por el entonces Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que involucra al actual Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien sigue al margen del desastre económico causado a quienes le compraron sus viviendas, lo mismo que al Distrito de Barranquilla, que le sigue pagando arriendo a los afectados, fue presentada el 24 de marzo de 2013 por Noticias 1, en la emisión que proyectamos a continuación (VER VIDEO):

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