Por: Joaquín Baena Arévalo
Analista político y académico
Hay quienes se presentan como portadores exclusivos de la verdad y de la moral. Pretenden erigirse en jueces supremos de la lucha anticorrupción, aunque algunos provienen como funcionarios de administraciones ampliamente cuestionadas por ese mismo fenómeno. Hoy se han convertido en los más fervientes y severos críticos de Gustavo Petro y del proyecto político que él representa. Desde esa posición, pareciera que determinadas figuras o propuestas del próximo gobierno no pudieran ser objeto de cuestionamiento.
Dos visiones de país
Sin embargo, el verdadero debate no debería girar alrededor de personas, sino de modelos de país. Lo que está en juego son dos concepciones distintas sobre el papel del Estado y del mercado en la organización de la sociedad.
De un lado, existe una visión que considera que derechos fundamentales como la salud, la educación, el transporte y otros servicios esenciales deben estar garantizados principalmente por el Estado. No se trata de una idea exclusiva del socialismo o del comunismo. Países como Suiza, Noruega, Francia, Italia y Dinamarca mantienen una fuerte participación estatal en múltiples servicios públicos sin dejar de ser democracias de economía de mercado.
Desde esa perspectiva, Gustavo Petro y los sectores alternativos representan un modelo que asigna al Estado una responsabilidad central en la garantía de los derechos sociales, la inclusión y la protección de los sectores más vulnerables.
Del otro lado, existe una visión que privilegia una mayor participación del sector privado en la prestación de esos mismos servicios. Sus defensores sostienen que la competencia y la iniciativa privada generan mayor eficiencia. Se trata de una concepción distinta del desarrollo económico y del funcionamiento del Estado.
Por eso, el debate de fondo no debería reducirse a descalificaciones personales, sino a discutir cuál de esos modelos ofrece mejores respuestas para la sociedad colombiana.
La corrupción no tiene ideología
Otra discusión completamente distinta es la corrupción. Allí resulta difícil aceptar que alguien pretenda erigirse en juez supremo de la moral pública. Durante el gobierno de Gustavo Petro han existido casos de corrupción que deben ser investigados y sancionados. Pero también es evidente que la corrupción ha acompañado durante décadas a gobiernos de distintas orientaciones políticas.
La corrupción no pertenece exclusivamente a un sector ideológico. Es un problema estructural que responde al funcionamiento mismo del sistema político e institucional. Mientras los organismos de control, las altas cortes y buena parte de las instituciones encargadas de vigilar el poder continúen dependiendo, directa o indirectamente, de acuerdos políticos entre quienes gobiernan, persistirá un ecosistema favorable para la impunidad.
Por esa razón, el país requiere profundas reformas políticas e institucionales que modifiquen los incentivos que han permitido la reproducción de esas prácticas. Sin embargo, esas transformaciones difícilmente prosperarán mientras afecten los intereses de quienes tienen la capacidad de aprobarlas. Sin reformas de fondo, cambiar de gobierno no significa necesariamente cambiar las reglas del juego.
Por eso, nadie debería presentarse como dueño exclusivo de la honestidad ni dividir al país entre impolutos y corruptos. La corrupción ha existido en distintos gobiernos y, mientras permanezcan intactas las estructuras que la alimentan, seguirá apareciendo con distintos protagonistas.
Tampoco parece razonable esperar que un cambio de administración elimine por sí solo ese fenómeno. Pensar que la corrupción desaparecerá únicamente porque llega un nuevo presidente es desconocer la naturaleza del problema. Si los equipos de gobierno terminan integrándose, en buena medida, por los mismos sectores políticos tradicionales y por las mismas familias que han ejercido el poder durante décadas, difícilmente podrán esperarse resultados radicalmente distintos. Cambian los gobiernos, pero las estructuras permanecen.
En ese escenario, el verdadero debate no es quién proclama mayor pureza moral ni quién se presenta como el redentor de la lucha anticorrupción. El verdadero debate consiste en decidir qué modelo de país queremos construir y, al mismo tiempo, reconocer que la corrupción no se resolverá con discursos, consignas o cambios de gobierno, sino cuando Colombia transforme las estructuras institucionales que durante décadas han permitido su reproducción.
