La tecnología debe servir al debate, no reemplazarlo, pero en las redes sociales, los algoritmos y las nuevas herramientas de inteligencia artificial están modificando esa dinámica. Entre esas herramientas aparecen las llamadas granjas de bots: estructuras capaces de operar numerosas cuentas automatizadas o coordinadas para reproducir mensajes, aumentar su circulación y tratar de posicionar determinadas narrativas dentro de la conversación digital.
Por Joaquín Baena Arévalo
Miembro y cofundador de COLOMB-IA
La Cámara Colombiana de Inteligencia Artificial
La democracia nació en la antigua Grecia alrededor de una idea que todavía conserva toda su fuerza: los asuntos de la comunidad deben discutirse públicamente. La democracia no consiste solamente en votar. Supone escuchar, deliberar, confrontar argumentos y permitir que los ciudadanos conozcan las diferentes propuestas antes de tomar una decisión.
Ese principio adquiere hoy una importancia extraordinaria. Una campaña electoral debería permitir que el ciudadano conozca qué propone cada candidato sobre salud, educación, empleo, reforma agraria, seguridad, servicios públicos, economía y medio ambiente. La elección debería ser, fundamentalmente, una confrontación entre programas y distintas visiones de sociedad.
Pero las redes sociales, los algoritmos y las nuevas herramientas de inteligencia artificial están modificando esa dinámica. Entre esas herramientas aparecen las llamadas granjas de bots: estructuras capaces de operar numerosas cuentas automatizadas o coordinadas para reproducir mensajes, aumentar su circulación y tratar de posicionar determinadas narrativas dentro de la conversación digital.
El problema no es necesariamente el bot. Un bot puede servir para informar, responder preguntas, explicar una propuesta o divulgar masivamente un programa de gobierno. El problema comienza cuando la automatización deja de utilizarse para comunicar ideas y se convierte en una herramienta para fabricar artificialmente percepciones, atacar adversarios, multiplicar desinformación o generar estigmatización.
Una campaña electoral puede terminar entonces convertida en una batalla de etiquetas. En lugar de discutir una propuesta educativa, una reforma a la salud o una política económica, miles de mensajes pueden repetir expresiones como “guerrillero”, “heredero de las FARC” o “aliado de la guerrilla”, no para controvertir una propuesta concreta, sino para instalar una percepción negativa sobre una persona. La repetición termina intentando sustituir al argumento.
Por eso debemos recuperar el debate público como una institución esencial de la democracia. Los candidatos deben confrontar sus programas ante la ciudadanía. Y podría establecerse una fórmula flexible: el candidato o un integrante acreditado de su equipo programático podría participar en estos espacios. Lo fundamental es garantizar que las propuestas sean expuestas, explicadas, cuestionadas y confrontadas públicamente. La democracia no puede reducirse a una competencia entre ejércitos digitales.
También debemos comenzar a discutir seriamente la regulación de las granjas de bots utilizadas con fines políticos. No se trata de prohibir la tecnología. Se trata de establecer reglas. Quien utilice estructuras organizadas de automatización política debería identificarlas públicamente, señalar quién las financia, cuál es su finalidad y quién responde por su funcionamiento.
Estas estructuras deberían estar sometidas a mecanismos de registro, transparencia, trazabilidad, supervisión y auditoría. Si una campaña utiliza cientos o miles de cuentas automatizadas para divulgar su programa, el ciudadano debería poder saberlo. La automatización no debería presentarse engañosamente como si fueran miles de ciudadanos independientes expresándose espontáneamente.
La regulación debe establecer, además, una diferencia fundamental entre difundir y atacar. Los bots pueden utilizarse para divulgar una propuesta sobre educación, explicar una política de salud, presentar un programa económico o informar sobre servicios públicos. Lo que no debería permitirse es convertirlos en instrumentos automatizados de hostigamiento, suplantación, amenazas, desinformación deliberada o campañas sistemáticas de odio y estigmatización.
Debe existir igualmente responsabilidad y trazabilidad. Si una campaña contrata una empresa, una agencia o un tercero para operar una granja de bots, debe ser posible establecer quién contrató el servicio, quién lo financió, quién diseñó la estrategia y quién responde por sus actuaciones. La tecnología no puede convertirse en un mecanismo para esconder responsabilidades.
Las plataformas digitales también tienen una responsabilidad. Deben avanzar en herramientas que permitan identificar operaciones automatizadas coordinadas y diferenciar, en la medida técnicamente posible, entre una conversación ciudadana espontánea y contenidos artificialmente amplificados. El ciudadano tiene derecho a saber cuándo está conversando con una persona y cuándo está frente a una máquina diseñada para influir sobre su percepción política.
Sin embargo, regular no significa censurar. La democracia necesita crítica, oposición, sátira, controversia y libertad de expresión. La regulación no debe determinar qué puede pensar o decir un ciudadano. Debe concentrarse fundamentalmente en evitar la automatización engañosa, la suplantación, la manipulación coordinada y el ocultamiento de quién está detrás de una operación digital.
Ese es precisamente uno de los grandes desafíos de la gobernanza de la inteligencia artificial: establecer quién utiliza la tecnología, con qué propósito, bajo qué reglas y quién responde cuando produce daños. Aplicado a las elecciones, significa construir mecanismos de transparencia, auditoría, protección de datos personales, trazabilidad y responsabilidad.
La tecnología también puede ser una extraordinaria aliada de la democracia. Los mismos bots que hoy pueden utilizarse para repetir una consigna podrían emplearse para explicar programas de gobierno, comparar propuestas, responder preguntas de los ciudadanos y hacer comprensibles asuntos complejos de salud, economía, educación o servicios públicos.
Colombia necesita comenzar esta discusión antes de que la tecnología avance mucho más rápido que nuestras instituciones. Desde la Cámara Colombiana de Inteligencia Artificial consideramos necesario promover un debate nacional sobre inteligencia artificial, algoritmos, automatización y democracia.
La democracia nació alrededor de la palabra, la plaza pública y la confrontación de argumentos. Más de dos mil años después podemos incorporar algoritmos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías a esa plaza pública, pero no permitir que la sustituyan.
Que los bots difundan propuestas, no odios. Que los algoritmos amplíen el debate, no fabriquen enemigos. Y que las elecciones vuelvan a decidirse fundamentalmente mediante la confrontación de ideas.
