El controvertido ex Procurador resucitado políticamente por Abelardo de la Espriella, primero en la OEA y ahora para ocupar el Ministerio del Interior tras el despido de Rodrigo Lara, tiene un proceso pendiente ante el Consejo de Estado y fue objeto de la anulación de su reelección por tráfico de influencias.
Por: Luis Miguel Fernández
Redacción Judicial
El nuevo Ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, conocido de autos por organismos de justicia y control disciplinario del país, con los que ha tenido procesos en su contra, uno de los cuales aún no ha sido ejecutoriado, es el ex Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien pregona el respeto al orden y a la justicia.
Sin embargo, el controvertido personaje ha sido protagonísta de al menos tres casos ante los entes de control disciplinario y judicial, por hechos que merecen ser conocidos por la opinión pública. Tales casos son los siguientes:
1. Demanda de repetición (Procuraduría)
La Procuraduría General de la Nación mantiene un proceso en el Consejo de Estado exigiendo que Ordóñez devuelva una suma superior a los $1.435 millones de pesos.
Ese dinero corresponde a la indemnización que el Estado colombiano tuvo que pagarle a la exsenadora Piedad Córdoba (Q:E:P:D), tras determinarse que la destitución e inhabilidad por 18 años que Ordóñez le impuso en 2010 fue irregular y posteriormente anulada. Al no lograrse un acuerdo de conciliación a finales de 2025, el alto tribunal debe emitir un fallo definitivo sobre su responsabilidad económica.
2. Proceso por calumnia (Corte Suprema de Justicia)
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reabrió y posteriormente archivó una investigación en su contra por el presunto delito de calumnia contra activistas contradictores suyos a quienes vinculó con actividades ilegalers en un procerso electoral La reactivación ocurrió tras anularse un cierre previo de la investigación. Este caso surge de denuncias interpuestas por afirmaciones que Ordóñez realizó durante su ejercicio público y sus campañas políticas, en las cuales vinculó a opositores con actividades ilegales.
Casos graves que fueron «cerrados»
Aunque frecuentemente se menciona en el debate público, la demanda por las irregularidades en su reelección como Procurador General, el caso llegó a su fin en septiembre de 2016, cuando el Consejo de Estado anuló de forma definitiva su nombramiento, debido a un entramado de «yo te elijo, tú me eliges» (tráfico de influencias con familiares de magistrados). Este fallo lo apartó del cargo, pero «providencialmente» no dejó investigaciones penales adicionales vigentes.
El otro caso cerrado es la destitución que Ordóñez dictó contra Gustavo Petro en 2013, la cual provocó una condena internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado colombiano. No obstante, las consecuencias jurídicas obligaron a reformar las leyes del país respecto a las facultades disciplinarias de la Procuraduría, sin traducirse, también de manera «providencial», en una sanción de cárcel o destitución directa posterior para Ordóñez.
¿Será que con estos antecedentes conocidos públicamente, de los cuales está vivo el de la deuda con la Nación por un caso de repetición en su contra, Alejandro Ordóñez Maldonado encaja en los «propósitos» anunciados de Abelardo de la Espriella de no tener en cuenta a «los de siempre» y ser implacable con los que afecten los intereses económicos del Estado?
