Vemos una sucesión de acusaciones formuladas por Abelardo de la Espriella y su equipo que deberán ser demostradas. El Estado de derecho funciona exactamente al revés del espectáculo: primero se investiga, después se prueba y finalmente decide la autoridad competente. No primero la tarima, después las cámaras y finalmente, si acaso, la búsqueda de las pruebas.
Por Joaquín Baena Arévalo
Analista político y académico
“Lo que tiene precio puede ser sustituido
por algo equivalente; lo que está por encima
de todo precio y no admite equivalente tiene dignidad.”
Immanuel Kant
Hay cosas que tienen precio: se compran, se venden, se intercambian y pueden ser sustituidas por otras equivalentes. Pero hay otras que pertenecen a la esencia misma del ser humano y no deberían entrar jamás en el mercado de las conveniencias. El carácter, la personalidad y, sobre todo, la dignidad no son mercancías negociables. Kant lo expresó con claridad: aquello que admite equivalente tiene precio; aquello que no puede sustituirse porque posee un valor en sí mismo tiene dignidad.
Traigo esta reflexión a propósito de los llamados retiros espirituales promovidos por Abelardo de la Espriella. Y que no me vengan con la tontería de que allí todos, dentro de una evidente heterogeneidad de creencias, fe y cosmovisiones, coincidían espontáneamente en rezos, cantos, ceremonias y simbolismos. Aquello tenía también una evidente dimensión política: una estrategia simbólica inscrita en lo que el propio Abelardo denomina la “guerra cultural”, con una concepción del poder que parece olvidar que Colombia es un Estado laico.
Lo más oprobioso no son siquiera los rezos ni los cantos. Cada quien puede profesar la religión que quiera o no profesar ninguna. Lo preocupante es observar cómo personas con pensamientos, historias y convicciones distintas bajan sus propias banderas para caminar como rebaño —al decir de Nietzsche— detrás de los caprichos y las pretensiones estratégicas de un jefe político. Terminó la campaña electoral, pero no terminaron los símbolos, la escenografía ni esa pretensión de convertir permanentemente el ejercicio del poder en prolongación del espectáculo.
La misma lógica reaparece ahora con el llamado “Libro de la Verdad”. ¿Cuál verdad? La verdad, especialmente cuando se formulan acusaciones que pueden comprometer responsabilidades jurídicas, no se decreta desde una tarima ni se imprime unilateralmente en un libro. Si no hubo siquiera un empalme que permitiera contrastar rigurosamente la información, lo que existe son señalamientos, interpretaciones y apreciaciones de quienes elaboraron el documento.
Y aquí aparece una de las escenas más graves: la Fiscal y el Procurador no solo asistieron al espectáculo, sino que se dejaron fotografiar con el libro en la mano. Ese gesto no es menor. Cuando quienes deben garantizar independencia, objetividad y debido proceso posan sosteniendo físicamente un documento cargado de acusaciones políticas, el mensaje que se transmite es profundamente inconveniente: parece que la investigación comienza después de la fotografía y no antes.
Si existen denuncias, que se presenten. Si existen pruebas, que se investiguen. Ese es precisamente el trabajo de los organismos de control y de la Fiscalía. La señora Fiscal debería poder decir sencillamente: tráigame las denuncias y las pruebas a mi despacho y procederemos conforme a la ley. Lo que no debería hacer una autoridad encargada de investigar es prestarse para una escenografía que puede convertir la justicia en instrumento de una estrategia política.
Y esa estrategia, a mi juicio, parece ir mucho más allá del Pacto Histórico. Se trata de despejar el camino político para que Abelardo de la Espriella pueda erigirse como líder único de un sector de la derecha. Primero neutralizar al Pacto Histórico y luego disputar, debilitar o arrinconar al propio Centro Democrático. La instrumentalización de la justicia serviría entonces no solo como mecanismo de persecución contra adversarios ideológicos, sino también como herramienta para reorganizar el poder dentro de su propio campo político.
Por eso el problema no es únicamente jurídico. Es político, simbólico y ético. Porque hasta ahora, y esta es mi apreciación, lo que veo allí es una sucesión de acusaciones formuladas por Abelardo de la Espriella y su equipo que deberán ser demostradas. El Estado de derecho funciona exactamente al revés del espectáculo: primero se investiga, después se prueba y finalmente decide la autoridad competente. No primero la tarima, después las cámaras y finalmente, si acaso, la búsqueda de las pruebas.
Y aquí regreso a Kant y a la dignidad. ¿Hasta dónde puede llegar la necesidad de conservar un cargo? ¿Cuánto de la propia independencia está dispuesto alguien a entregar para continuar formando parte del rebaño? Que ministros y altos funcionarios acepten sin reparos semejantes escenografías políticas resulta lamentable. Y que quienes están llamados precisamente a conservar independencia frente al poder aparezcan con el libro en la mano, formando parte de la misma pantomima, resulta todavía más grave.
La dignidad, decía Kant, no tiene precio porque no admite equivalente. Precisamente por eso tampoco debería cambiarse por un ministerio, por un cargo, por una fotografía ni por cinco minutos de cercanía con el poder.
Ese es quizás el problema de Abelardo de la Espriella y su pandilla: no que todos piensen igual, sino que demasiados parecen dispuestos a comportarse como si así fuera.
